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Contra la mitad de Cataluña

Tiempo de lectura 4 min.

11 de septiembre de 2018. 22:47h

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11/9/2018

El objetivo principal de la Diada se ha alcanzado con éxito. Ya sólo es la fiesta nacional del independentismo, cumpliéndose con precisión el desgarro existente en la sociedad catalana. Fuera se queda el resto, el sobrante que no se ajusta a la Cataluña ideada por el nacionalismo más esencialista, que es el que detenta el poder, con Joaquim Torra y Carles Puigdemont como bicefalia heráldica. La toma de todas las instituciones de autogobierno es absoluta y la de la calle debe corresponderse con esa situación totalizadora. La oposición –Ciudadanos, PSC y Partido Popular– han permanecido al margen de los actos institucionales, expulsados de un sistema mental donde es cada es más difícil tener voz y ser escuchados, calco de la situación de desprecio al que es sometida en el Parlament. Los actos, por lo tanto, del 11 de Septiembre, son la expresión de una parte de los catalanes, podría decirse que de la mitad, si nos atenemos al voto representado en la Cámara. En el actual estado de excitación política instalado en Cataluña, está a la alcance de la maquinaria propagandística del nacionalismo movilizar centenares de miles de personas –la cifra es siempre un millón, aunque no pasó de los 300.000–, pero en ningún caso representa al conjunto de la sociedad catalana, más civil que activista, más trabajadora que política, más tolerante que militante, demasiado más silenciosa que vociferante. Esa es su fuerza del nacionalismo, la calle, la capacidad de movilización y la agitación permanente. La hace valer hasta el límite, pero no puede aspirar a que tenga un valor más allá del que tiene las urnas. Es muy meritorio sacar miles de personas a la calle –aun teniendo la inestimable colaboración de los medios públicos y el papel de coordinación en directo de TV3–, pero sería un error poner encima de la mesa una movilización que parte de una falacia inadmisible: la libertad de unos políticos que se saltaron las leyes más básicas para acabar con el orden constitucional. De nada servirá presionar al Gobierno para que, a su vez, influya en la Fiscalía General del Estado, mucho menos en el Tribunal Supremo, para que dicte una sentencia suave o absolutoria. La gran irresponsabilidad de los dirigentes independentistas fue despreciar al Estado de Derecho. En esta depuración de la Diada hasta convertirla en la fiesta exclusiva del independentismo, reflejo de la imposibilidad de crecimiento, es importante tener en cuenta su escoramiento hacia las posiciones de la extrema derecha europea –ya cuenta con la complicidad de la extrema izquierda española y catalana– y cómo ésta ha correspondido con su presencia en las calles de Barcelona: nacionalistas flamencos, escoceses, de la Liga Norte o del Tirol. Es la Europa que reclama la excepcionalidad, los derechos históricos y particulares frente a la unidad e igualdad de las naciones. En este sentido, es importante que el secretario general del Consejo de Europa, el noruego Thorbjorn Jagland, dé «un respaldo total a España» ante el desafía independentismo. En este momento en el que la presión al poder judicial es el objetivo principal del independentismo, es necesario que las declaraciones del Gobierno eviten también entrar en un juego que sobrepasa el poder constitucional que se le otorga, de ahí que las declaraciones realizadas ayer por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, son inoportunas. Hablar de que preferiría que a los dirigentes independentistas no se le aplicara la detención provisional es algo que no es de su atribución.

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