Defraudados por el Gobierno

La encuesta de NC Report sobre la retirada de la reforma de la ley del aborto que hoy publica LA RAZÓN confirma que la gran mayoría de los votantes del centroderecha – el 63,8 por ciento– se ha sentido defraudada por la decisión del Gobierno, a la que, además, califican de electoralista e incoherente. Pese a ello, sólo un treinta por ciento del total de los consultados se ha planteado dejar de votar al PP en las próximas citas electorales, tal vez por considerar que la situación política y económica del país es lo suficientemente complicada como para dar un voto de castigo al partido que mejor puede abordar los desafíos planteados a la democracia española, surgida de la Transición. Aun así, la hipotética pérdida de un tercio de los apoyos –que no irían a otras formaciones del mismo arco ideológico, sino a la abstención– puede ser decisiva para las aspiraciones del PP. Es muy significativo, contrariamente a lo que se predica desde la izquierda, que el disgusto y el rechazo por el compromiso electoral incumplido afecte con la misma intensidad a los más jóvenes, entre 18 y 29 años, que a los mayores de 65. También, que una gran mayoría –el 54,2 por ciento– considere que la cuestión del aborto y el derecho a la vida es una batalla que se debe dar desde el punto de vista ideológico, es decir, desde la política, y no sólo desde planteamientos científicos. Así las cosas, no parece suficiente que el Gobierno de Mariano Rajoy, a quien desde LA RAZÓN hemos respaldado sin ambages en su difícil gestión, haya decidido adelantar la anulación de uno de los artículos más rechazados de la «ley Aído» –el que permite a las menores abortar sin conocimiento de sus padres o tutores– para recuperar la confianza de unos electores que no aceptan la incoherencia de un partido que llevó la reforma socialista al Constitucional, pero que una vez ganado el Gobierno con una mayoría parlamentaria abrumadora se echa atrás por supuestas razones de oportunismo. El mismo partido que había apoyado la movilización activa de amplios sectores de la sociedad española contra una ley de plazos aprobada sin consenso y que considera el aborto como un derecho más de la mujer, conculcando la reiterada doctrina del TC que, desde el año 1985, dictamina la protección constitucional del no nacido. La renuncia, en definitiva, supone grave incumplimiento del programa electoral por parte del Gobierno pero, también, un menosprecio a la sensibilidad de quienes le concedieron su voto. Un incumplimiento para el que no se pueden aducir justificaciones coyunturales o de excepcionalidad que, como en las medidas que llevaron al aumento de la presión fiscal, sí han sido aceptadas como inevitables por la mayoría de sus votantes. Aún está el Gobierno a tiempo de rectificar y retomar el liderazgo de la lucha por la vida, la civilidad y la igualdad de todos los seres humanos.