Diálogo dentro de la Constitución

El encuentro que mantendrán hoy Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, en La Moncloa ha sido presentado por ambas partes como que, por primera vez, se abre una vía de diálogo. Uno tiende la mano sin condiciones y el otro la acepta sin límite para hablar «de todo». Pero conviene antes que nada decir que no es así. Es evidente que Gobierno y Generalitat coinciden en elegir como objetivo a Mariano Rajoy –al que muy burdamente identifican con la «España intolerante»– como responsable de todo lo que ha acontecido en Cataluña antes del 1-O y después. En primer lugar, Rajoy siempre estuvo dispuesto al diálogo, como así lo confirmaron sus interlocutores. Lo hizo con Artur Mas hasta el final, incluso cuando la Generalitat ya estaba infringiendo la legalidad constitucional: el 30 de julio de 2014 (a punto de firmar el decreto del referéndum del 9-N) o el 12 de febrero de 2017 (ya aprobado en el Parlament el «inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente»). Meses después, Mas confesó en una entrevista en LaSexta que «yo me reuní muchas veces con Rajoy» (20 de octubre de 2017). En cuanto a Puigdemont, también se sucedieron las reuniones, incluso para hablar «de todo»: «Le he traído el compromiso de convertir a Cataluña en un país independiente» (20 de abril de 2016). Como es lógico, Rajoy se negó a reunirse con Puigdemont fuera de España, como proponía el presidente del la Generalitat ya huido a Bélgica (22 de diciembre del 2017). Por lo tanto, diálogo institucional ha habido, aunque lo que el entonces presidente del Gobierno nunca aceptó es negociar la soberanía nacional. Sánchez debería, por lo tanto, tenerlo en cuenta por pura lealtad y sentido de Estado y no situar al PP como el enemigo sino precisamente como aliado, tal y como fueron en la aplicación del 155. En el documento que Torra presentará hoy en La Moncloa no hay el menor gesto de rectificación e insiste exactamente en lo mismo que desencadenó el desastre del «proceso»: derecho de autodeterminación; actuación del Rey en su discurso del 3 de octubre defendiendo el orden constitucional; existencia de «presos políticos y exiliados»; lo que denominan «regresión democrática»; incluso un apartado sobre la presencia «política y civil» del franquismo –un punto que desenfoca aún más la visión que el independentismo vende de la sociedad española, muy al gusto del emisario Pablo Iglesias y de la izquierda radical cultivada por el nacionalismo–. Es evidente que con este memorandum será difícil que se reconduzca la situación hacia la legalidad y la distensión social en un momento de verdadero acoso por parte del mundo independentista. Hay fundadas dudas de que Torra-Puigdemont hagan un llamamiento a la desmovilización que evite el otoño caliente que preparan con vistas a los preliminares del juicio contra los líderes del golpe secesionista: la ANC ya ha anunciado la Diada del 11-S bajo el lema «Hagamos la república catalana». No renuncia a la toma de la calle. Lo único que realmente ha cambiado ante la reunión de mañana en La Moncloa es que saltarse las leyes tiene consecuencias y que el Estado de Derecho actúa y que persistir en la ilegalidad comportará la actuación de los tribunales. Por supuesto que ha habido un cambio de Gobierno, pero ¿de qué quieren a hablar el PSOE y el PSC de Miquel Iceta? Rajoy dijo estar dispuesto a hablar del documento de 46 puntos que le presentó Puigdemont en abril de 2016, pero menos de uno: acordar un referéndum de independencia. Si el Gobierno, siguiendo las directrices marcadas por los socialistas catalanes, quieren revisar, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto referente a la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña al margen del Consejo del Poder Judicial, deberían decirlo cuanto antes.