El deber de la regeneración

El barómetro del CIS de mayo, que se conoció esta semana, recogió como una de las novedades el descenso en la preocupación de los españoles por la corrupción en nueve puntos. La respuesta de la ciudadanía no es baladí. Aunque es cierto que los escándalos marcan una parte importante del panorama, no lo es menos que los españoles perciben que desde el Gobierno y la Justicia existe un compromiso rotundo por la regeneración democrática y por la depuración de las responsabilidades en los tribunales. Rajoy lanzó en el último Debate sobre el Estado de la Nación, una apuesta decidida por la honorabilidad pública y por una política de tolerancia cero contra el fraude. En este punto, además de la Ley de Transparencia en tramitación, LA RAZÓN adelanta hoy que el Ejecutivo tiene listo un exigente e intenso paquete normativo que afectará a seis leyes con medidas preventivas, de control y represivas para reforzar la lucha contra la corrupción. Entre ellas, el nuevo Estatuto del Cargo Público, en el que, por ejemplo, se prevé la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato, además, por supuesto, de una escala común de retribuciones. También una nueva ley de actividad económica de los partidos, que consagra casi una política de puertas abiertas financiera para los grupos, y una reforma de la Ley de Contratos, entre otras muchas propuestas. La ejemplaridad de lo público, exigida con razón por los ciudadanos, requiere voluntad para practicarla, demandarla y, en su caso, imponerla. De esto precisamente saben demasiado en Andalucía. El fraude de los ERE es, probablemente, el caso de corrupción más grave de la democracia por sus connotaciones especiales. El levantamiento del secreto del sumario ha permitido abundar en el conocimiento de una trama cuyo alcance no se atisba todavía. Hablamos del saqueo de cientos de millones de euros de los fondos del desempleo y de una estructura planificada desde el poder socialista para tal fin. Con ese propósito, y esto es lo más repulsivo, elaboraron un marco regulatorio desde la propia Administración autonómica para blindarse de los controles y la fiscalización y favorecer así el mangoneo, el amiguismo y el enriquecimiento posteriores de gentes del círculo de la Junta. Todo ello con la tolerancia, cuando no la complicidad política. Pese a la magnitud del caso, la asunción de responsabilidades institucionales no sólo no ha existido, sino que el discurso del PSOE ha consistido en poner de ejemplo y referente a la Junta de Andalucía. Con el fraude de los ERE, el mensaje de la impunidad que se ha trasladado a la ciudadanía ha sido letal y corrosivo. Conductas así desacreditan al Estado de Derecho. Necesitamos instrumentos que las corrijan o eviten y decisión para aplicarlas hasta el final.