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El deber de la transparencia

Tiempo de lectura 2 min.

14 de noviembre de 2014. 23:42h

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14/11/2014

En estas mismas páginas pedimos al presidente de la Junta de Extremadura explicaciones públicas y detalladas sobre sus viajes a las Islas Canarias en su etapa de senador. Lo entendíamos como un deber de cualquier servidor público que pretendiera demostrar que su comportamiento había sido correcto. Pero no compartíamos, como no lo hacemos nunca, las campañas de linchamiento público tan de moda lamentablemente en nuestro país, así como reprobábamos que se pisoteara la presunción de inocencia de José Antonio Monago, al igual que la de cualquier ciudadano, algo que sucede con una cotidianidad que abochorna. Monago compareció ayer para aclarar aquello de lo que se le acusaba, es decir, de haber pagado desplazamientos privados con fondos públicos en su calidad de parlamentario. Explicó que fueron 16 y no 32 sus viajes de trabajo al archipiélago canario, y que están acreditados y certificados como tales por la Cámara Alta, así como por el Grupo Parlamentario Popular y por informaciones periodísticas. Además, precisó que, en el periodo en discusión –mayo de 2009 a noviembre de 2010–, pagó de su bolsillo 22 vuelos de carácter particular y exhibió un extracto de su tarjeta Visa con esos movimientos. Monago cumplió ayer con la obligación de dar cuenta de sus actuaciones con un sostén documental suficiente. Despejó dudas sobre episodios brumosos que demandaban respuestas. Es cierto, sin embargo, que el presidente extremeño pudo estar más afortunado en sus primeras reacciones tras saltar a los medios la historia de sus viajes. Sus declaraciones erráticas de entonces –como cuando dijo que devolvería hasta el último euro de desplazamientos justificados– no ayudaron. Tampoco le ha favorecido el excesivo tiempo transcurrido hasta que se presentó con los documentos que respaldaban su versión. Puede que no resultara sencillo recopilar ese material, pero, en estos casos, el paso de los días no disipa las sospechas, sino al contrario, sobre todo cuando el PSOE ejerce de inquisidor y se abalanza sobre su «presa» política sin respeto a la presunción de inocencia. Qué distinta, por cierto, a la actitud socialista con Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ellos sí investigados por el Tribunal Supremo, y para los que han exigido la prudencia y el respeto que no demuestran con los adversarios. El episodio de los viajes del presidente extremeño ha dejado en evidencia un sistema de control de los gastos de diputados y senadores insuficiente y que debe ser revisado con prontitud. El objetivo sólo puede ser reforzar los instrumentos y los procedimientos que blinden un modelo de transparencia en el manejo de los fondos públicos y, por ende, en los comportamientos parlamentarios. Los ciudadanos demandan que sus representantes sean ejemplares, que demuestren que lo son y que la democracia lo pueda verificar.

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