El disparate jurídico de la declaración de Rajoy

Mariano Rajoy declarará el próximo miércoles en calidad de testigo en el juicio a la primera época de Gürtel (1999-2005). El presidente del Gobierno mostró su absoluto respeto cuando el pasado mes de abril se anunció esta decisión. No mereció comentario alguno, a pesar de que el tribunal lo acordó por dos jueces a favor y uno en contra, siguiendo la petición de la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), con vínculos socialistas. A pesar de que existían razones fundadas para disentir del criterio del tribunal, la decisión debe ser acatada, no sin antes decir que el PP debería depurar alguna responsabilidad por no haber sabido reconducir este disparate jurídico. Recordemos que los dos jueces que apoyaron que Rajoy debía declarar mantuvieron en otras dos ocasiones la opinión contraria, así como el propio juez instructor. Además, la acusación popular no había aportado elementos que obligasen a un cambio de criterio. Incluso la Abogacía del Estado y la Fiscalía llamaron la atención sobre este hecho. Hasta la fiscal Concepción Nicolás habló de que la declaración de Rajoy era «innecesaria, prescindible y reiterada», por lo que es lógico que se abriesen fundadas sospechas de que se buscaba un aprovechamiento político de la comparecencia del presidente del Gobierno. Como era de esperar, la oposición no hizo nada para que no se extendiera la sospecha de que por su parte había una necesidad clara de instrumentalización política de la declaración de Rajoy que –no lo olvidemos– es en calidad de testigo. Por respeto al tribunal, no entraremos en su decisión, pero sí en el papel determinante que ha tenido en la decisión la acusación popular, figura procesal prácticamente inexistente en otros países europeos y cuya función se confunde demasiado habitualmente con intereses poco claros, lo que obligará más pronto que tarde a revisar su presencia en el sistema penal español. El hecho de que el tribunal, además, rechazase la posibilidad de que el presidente del Gobierno declarase por videoconferencia, un sistema utilizado habitualmente, sólo ha servido para abonar el espectáculo político al que podemos asistir el próximo miércoles. No importa si de esta manera se sobredimensiona la figura del testigo, sobre todo porque no tiene sentido argumentar que «en el actual estado de cosas, el entendimiento histórico-convencional del principio de inmediación sigue un valor que preservar», cuando Rajoy ni está acusado ni investigado. Da la sensación que la decisión de que declare el presidente del Gobierno no ha sido lo suficientemente meditada y no se ha actuado con prudencia, que es lo propio de un tribunal. Siguiendo los estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que el caso Gürtel se encuentra en su fase de juicio oral, al presidente le asiste la posibilidad de declarar por escrito, ya que acude por hechos que no tienen que ver con su cargo de jefe del Ejecutivo. Aunque el auto especifica que Rajoy «no comparece como presiente del Gobierno, sino como ciudadano español», está claro que su condición de ciudadano no puede separarse de la de cargo institucional y de las consecuencias políticas que tendrá su declaración, no tanto por lo que diga, sino por el espectáculo que se quiere propiciar. El presidente de la Sala ya recalcó el hecho de que su condición de cabeza del Gobierno debería haberse tenido en cuenta para haber utilizado la fórmula de la videoconferencia. Estamos ante un disparate jurídico.