El estancamiento político recibe los primeros avisos económicos

El resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre y, sobre todo, la casi imposibilidad de formar un gobierno estable empiezan a tener consecuencias en las previsiones económicas. El crecimiento constatado el último año por diferentes organismos (UE, BCE y FMI) puede sufrir un retroceso si no se ponen en marcha las reformas previstas. Así lo ve la agencia de calificación Moody’s, que, aunque mantiene en Baa2 (un aprobado bajo) el «rating» de España, rebaja las perspectivas de positivo a estable. Este análisis se basa en el estado de las cuentas públicas, en el empeoramiento del sistema de pensiones y en el déficit de las comunidades autónomas. El estancamiento de la situación política abre la incógnita de si un futuro gobierno con apoyos de la izquierda radical llevaría a cabo las reformas pendientes –sobre todo las fiscales– en los próximos tres o cuatro años. Es difícil que en un Parlamento con adversarios tan enfrentados puedan aprobarse determinadas reformas. Moody’s es claro en su diagnóstico: «El panorama político quedará probablemente fragmentado en los próximo tres o cuatro años y las reformas serán lentas o inexistentes». Si, teniendo un crecimiento más alto de lo previsto, no se ha podido cumplir el objetivo de déficit, sería, como es lógico, del todo improbable que lo llevase a cabo un gobierno que no acepta los acuerdos europeos. Rajoy siempre ha argumentado que, dado que el crecimiento económico está aumentando la recaudación, el cumplimiento del objetivo de déficit es posible. Esta ecuación será difícil de cumplir ahora. La agencia de «rating» calcula que el déficit para 2015 del 42,8% subirá 0,8 puntos porcentuales. Pero más allá de estos datos, cree que «formar un gobierno va a ser difícil y un fracaso llevaría a nuevas elecciones y a una prolongada fase de incertidumbre política». Así lo indica también una encuesta que publicamos hoy: en caso de celebrarse nuevas elecciones, el mapa político no variaría. Todos los partidos perderían votantes, que se irían de manera mayoritaria a la abstención, aunque habría un aumento de escaños para el PP (entre 2 y 4), Ciudadanos (1-2) y Podemos (1-3). Por contra, el PSOE perdería entre uno y 3 diputados y más de 456.000 votantes. Pero lo fundamental es que, de cumplirse estos resultados, las nuevas elecciones no resolverían el bloqueo político actual, incluso incidirían aún más en una crisis que no tiene visos de resolverse si no se ponen en marcha otras negociaciones bajo nuevas bases. No olvidemos que la abstención subiría (1.527.676 no acudirían a las urnas) y apenas se produciría un trasvase de votos de un partido a otro. Parece que el mensaje queda claro: la ciudadanía da su voto para que con él se gestione un nuevo gobierno. Los electores pueden castigar severamente que después de dos meses de supuestas negociaciones, ruedas de prensa interminables, declaraciones y escenas de sofás que no quedan en nada no se alcanzase un acuerdo para cerrar la investidura del candidato. Está claro que hay partidos que, como el de Pablo Iglesias, buscan unos nuevos comicios para superar al PSOE, y también que éste aspira a llegar a La Moncloa a través de una mayoría que no tiene. Mientras, la economía española sigue funcionando –esperemos que crezca según lo previsto–, pero también empezamos a recibir las primeras llamadas de atención. Si Pedro Sánchez no consigue un acuerdo suficiente, iremos a unas nuevas elecciones que tampoco aclararían el futuro.