El golpe separatista exige una respuesta judicial

Algunas terminales políticas y mediáticas han desatado las elucubraciones sobre un supuesto Plan Moncloa para normalizar Cataluña que contemplaría una salida judicial airosa para los insurrectos separatistas. Es conocido que hay predisposición, sin duda en el independentismo, pero también en parte de la izquierda, por ese enjuague que Puigdemont esbozó en su desahogo telefónico de esta semana. Es la misma corriente que ha criminalizado la denominada judicialización del «procés» y ha defendido y defiende que la política tome protagonismo. En síntesis, lo que se propone es borrón y cuenta nueva como si aquí no hubiera pasado nada. Pero eso sencillamente no es posible en democracia, al menos en una que se precie de serlo y se rija como tal. El Gobierno también lo entiende así. Su actitud en Cataluña se limitará a que se recupere la normalidad con una administración autonómica que cumpla la Ley y las resoluciones de los tribunales y para ello es preciso que la integren personas sin causas judiciales pendientes. Por supuesto, no habrá indultos ni atajos ni negociaciones bilaterales que quiebren la cohesión y la lealtad territoriales en el Estado. Son principios básicos. En un Estado de Derecho, la política hace su trabajo y la Justicia, el suyo. No se mezclan ni se interfieren ni se condicionan. Los golpistas violentaron la Ley y serán los tribunales, y no los gobiernos, los que decidan su suerte. Otro desenlace sería inaceptable.