El informe Pisa desmonta la demagogia de la izquierda

En diciembre de 2013, el informe PISA –elaborado con los datos recogidos el año anterior– situaba el nivel educativo español muy por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea, con una tasa de fracaso escolar temprano del 25 por ciento y un índice de repetidores del 33 por ciento, veinte puntos por encima del que registraban los países de nuestro entorno. Y ello a pesar de que, presupuestariamente, España invertía por alumno un 15 por ciento más que la media de los países de la UE. Ayer, se hicieron públicos los resultados de la última evaluación de PISA –con datos de 2015– que ofrecen unas conclusiones sobre el rendimiento de los alumnos españoles que, como primera providencia, tiran por tierra la larga y sectaria campaña contra los recortes en Educación desarrollada, con una constancia digna de mejor causa, por parte de los sindicatos de clase y los partidos de la izquierda. Sin negar, por supuesto, que la emergencia de la crisis económica sufrida por nuestro país obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a abordar una reducción de los gastos educativos, que bajaron, entre 2012 y 2014, de representar el 4,4 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado al 4,1 por ciento, parece confirmarse –como denunciaba Bruselas al referirse al caso español– que tan importante como la inversión es que ésta se administre de forma eficaz. Los resultados del informe PISA no sólo dan cuenta de la mejora sustancial –con respecto al resto de los países de la OCDE–de los alumnos españoles en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, sino que ese progreso se ha producido en medio de las dificultades económicas de la crisis, dificultades que, por el contrario, están detrás de los peores rendimientos registrados en los demás sistemas educativos evaluados. España mejora, también, en nuestras dos asignaturas pendientes –que, pese a todo, seguimos sin aprobar– como son el fracaso escolar, que baja cinco puntos porcentuales (20 por ciento), y el índice de repetidores, que desciende en dos puntos porcentuales (31 por ciento), siempre con referencia al año 2012. Por supuesto, no es posible atribuir esta mejoría a la nueva Ley de Educación (la Lomce), ya que sus disposiciones no afectaban al curso evaluado –el de los alumnos de 15 años–, pero sí debemos considerar como positivas algunas de las propuestas del anterior Gobierno, como la mayor autonomía de los centros educativos y la capacidad de llevar a cabo pruebas de diagnóstico del progreso de los escolares por parte de las comunidades autónomas. Y, sobre todo, por el esfuerzo de los profesores, que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció ayer. Por cierto, las regiones que más han incidido en realizar este tipo de evaluaciones –sin valor académico, recordémoslo–, como Madrid o Castilla y León, son las que mejores resultados han obtenido en el informe PISA. En el caso de Castilla y León, confluyen otros factores, como, por ejemplo, su programa de clases de refuerzo, gratuitas y voluntarias, para los alumnos que lo requirieran. En la situación opuesta, Andalucía y Extremadura ocupan, un ejercicio más, los últimos puestos en la calidad educativa. Y no es cuestión de buscar causas exógenas, porque España es el país de la OCDE donde menos influencia tiene la procedencia social, económica y cultural de los alumnos a la hora de evaluar su rendimiento, sino de analizar qué no funciona en la gestión que llevan a cabo sus respectivos gobiernos.