El juicio a Mas inhabilita a Puigdemont

La jornada política de ayer en Barcelona –histórica para los anales nacionalistas y un desastre para la democracia– ofreció muchas estampas pintorescas y algunos mensajes políticos alarmantes. El primero de ellos, que es como arrancó la mañana en la que se iniciaba el juicio a Artur Mas por convocar un referéndum independentista que previamente había prohibido el Tribunal Constitucional, es la recepción que el presidente de la Generalitat ofreció a los encausados y que, para que no hubiese dudas sobre su intención de implicar a la institución que representa el autogobierno de los catalanes en el proceso secesionista, concluyó con una declaración oficial en la que llegó a hablar de que eran víctimas de una «persecución de ideas». Puigdemont, además, encabezó, con la mayoría de los miembros de su Gobierno –durante parte del trayecto: sólo quería dejar el mensaje–, la marcha con la que Mas, Ortega y Rigau fueron agasajados –con todos los medios públicos a su disposición– hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es muy grave que el presidente de la Generalitat deslegitime a la Justicia y actúe como si no fuera el representante de todos los catalanes, sino sólo el de aquéllos que quieren la independencia, que siguen sin ser la mayoría. Desde este punto de vista, Carles Puigdemont está inhabilitado para estar al frente de la Generalitat: demostró una gran irresponsabilidad por seguir forzando la fractura entre los catalanes y es un verdadero riesgo para la convivencia. Éste es, en definitiva, el legado que, de momento, está dejando el «proceso» independentista. Ayer se produjo una representación exacta, caricaturesca, de lo que está pasando en Cataluña. En primer lugar, un desprecio absoluto al Estado de Derecho o, dicho tal como lo gritaban los seguidores de Mas, «fuera la Justicia española», convencidos de que una «justicia catalana» sería, por el simple hecho de tener denominación de origen, más justa. Un gesto dejó claro el desprecio a la Justicia: Mas llegó voluntariamente media hora tarde, alargando su paseo, mientras recibía los vítores y el tribunal esperaba. También se negó a responder a las preguntas del ministerio fiscal. En segundo lugar, el uso abusivo de los medios públicos para la propaganda nacionalista y orquestar una «marcha espontánea» con la grotesca medida de facilitar un día festivo a los funcionarios. Pero lo que Mas presenta como un «juicio a Cataluña», ahora está mostrando ser una lucha sin cuartel por el poder dentro del independentismo: el ex presidente, que fue sacrificado por la CUP, quiere aprovechar este juicio para erigirse en el «primer mártir del proceso» y competir así con ERC y su líder, que se sitúa como futuro presidente. Lo de ayer sobrepasa lo admisible como maniobra de manipulación política, que sólo puede digerirse desde el género del esperpento. Si la solución al problema planteado tuviese que salir de lo que vimos ayer, nuestros augurios serían los peores. En el estricto plano jurídico, la defensa exhibida por Mas es que el TC no advirtió de las consecuencias de celebrar el 9-N. Así lo expuso: «Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?». Resulta débil e insustancial desde el aprovechamiento político que quiere hacer del juicio agarrarse a una cuestión procedimental, sobre todo cuando las sentencias del TC no necesitan ser comunicadas, ya que tienen efecto declarativo y basta con su publicación en el BOE. Como es lógico, Mas busca no ser inhabitado y continuar su desastrosa carrera política que ha llevado a la Generalitat al desprestigio. institucional.