EL pacto Rivera-Sánchez sigue vivo

No deja de ser sorprendente que el equipo jurídico de un partido político se arrogue la potestad de calificar y juzgar asuntos que están en manos de un tribunal superior de Justicia, pero ya se sabe que para los adalides de eso que se ha dado en llamar «la nueva política» –aunque algunos de sus protagonistas lleven décadas actuando en distintos partidos–, no hay más vara de medir que la propia. Es lo que ha ocurrido en Andalucía, donde el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C’s) en el Parlamento regional, Juan Marín, antiguo concejal socialista, ha decidido que no hay «ningún motivo» para reclamar la dimisión del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, investigado por prevaricación continuada por el TSJA. El dirigente de Ciudadanos entiende que lo que vale en este caso es el dictamen de los servicios jurídicos de su formación, que han constatado, en base a la propia argumentación del consejero imputado, que se trata de un asunto «completamente administrativo». Contrasta esta actitud con la que Ciudadanos ha adoptado en el caso de la sucesión del dimisionario alcalde de Granada, José Torres Hurtado, investigado en un sumario secreto por un caso igualmente administrativo y al que se suponía amparado por la presunción de inocencia. Pero el hecho que cuenta es que el partido de Albert Rivera ha unido sus votos al PSOE y a Podemos para entregarle la alcaldía granadina al socialista Francisco Cuenca, que se quedó a diez puntos por debajo del candidato popular en las últimas elecciones municipales. No es, sin embargo, la primera vez que el partido naranja utiliza las denuncias de corrupción y las investigaciones judiciales, por muy incipientes que éstas sean, para condicionar las decisiones políticas del PP o romper los acuerdos firmados, siempre en beneficio de las posiciones socialistas. Así, lo que con el partido de Mariano Rajoy es rigor implacable, en nombre de la regeneración, se convierte en amable condescendencia cuando los supuestos implicados pertenecen al PSOE. Por supuesto, Ciudadanos está en su perfecto derecho de prestar su apoyo a quien considere, pero es más dudoso que sea legítimo amparar sus decisiones en el argumento supuestamente neutro de la corrupción, cuando nos hallamos ante una simple cuestión de preferencias políticas. Sin duda, el partido naranja mantiene un conflicto de identidad entre la ideología de sus dirigentes y la procedencia de buena parte de sus votantes, que se reclaman del centro derecha. Es un conflicto que debería ser resuelto de una vez por todas, entre otras razones porque los electores tienen derecho a conocer a quién entregan su voto y qué se va a hacer con éste. Aunque se puede argüir que el pacto suscrito entre Ciudadanos y el PSOE en el fracasado proceso de investidura del secretario general socialista, Pedro Sánchez, es de por sí clarificador, no parece explicación suficiente. Albert Rivera, ante la próxima cita con las urnas, debería explicar sin acogerse a subterfugios cuáles son los pactos postelectorales que está dispuesto a firmar. Es el compromiso mínimo exigible a una formación política que ha nadado en la ambigüedad ideológica y que ha hecho de su irreductible antinacionalismo banderín de enganche en los caladeros de voto más conservadores.