El PP, frente al oportunismo

El «programa marco» con el que el Partido Popular se presenta a las próximas elecciones autonómicas del 24 de mayo parte de una apelación al voto muy poco usual por estos pagos, por cuanto significa una reivindicación general del sistema democrático español y de sus logros, que el auge del oportunismo político emergido con fuerza a raíz de la crisis económica puede poner en serio peligro. Es un llamamiento claro a la conciencia ciudadana para que se desoigan los cantos de sirena de los populistas, cuyas soluciones gozan del atractivo de la demagogia. Así, desde el Partido Popular se pide a los electores que reflexionen sobre las virtudes de nuestro modelo territorial, por encima de los estragos coyunturales de la mala administración, la corrupción y las dificultades financieras. En definitiva, la puesta en valor del ordenamiento constitucional español, sobre el que se ha sustentado el mayor periodo de desarrollo esconómico y social experimentado por nuestro país, frente al fácil expediente de quien pretende hacer tábula rasa sobre la apoyatura de simples eslóganes. La estrategia elegida por los populares puede admitir la crítica inmediata de que desborda el marco político de unas elecciones de carácter regional, en el que actúan con mayor fuerza los factores locales, pero no cabe duda de que aborda sin complejos su principal debilidad ante las urnas de mayo: el disgusto de una parte de su electorado al que tientan la abstención o el voto de castigo porque no comparte los criterios con los que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho frente a la reducción del gasto público. La defensa del Estado de las Autonomías, que también ha sido puesto en jaque por el separatismo catalán, no debería recaer exclusivamente sobre las espaldas del Partido Popular. También corresponde al otro gran partido, el PSOE, la reafirmación constitucionalista, en lugar de situarse en la equidistancia calculada que hemos visto ante el desafío secesionista catalán, con inconsistentes propuestas federalistas que ni siquiera comparten todos los sectores socialistas. Pero el blindaje constitucional autonómico que propone el PP no puede obviar las disfunciones que presenta el sistema actual y que no son debidas exclusivamente a la corrupción. Los redactores del programa son conscientes del problema y plantean una reforma de la financiación autonómica que no se limite a un mero cambio de criterios sobre el reparto, sino que incluya de una vez por todas el concepto de corresponsabilidad fiscal y la limitación de la presión impositiva. Era una de las propuestas que debían haberse hecho realidad en la presente legislatura, pero que las dificultades de índole financiera, de urgentísima resolución, obligaron a aplazar.