El PSOE debe comprometerse con la estabilidad de España

Salvo algún líder iluminado, todos coinciden en una cosa: estamos ante una situación política complicada en la que la aritmética no suma para conseguir una mayoría estable. El principio de que gobierne la lista más votada, que es el criterio que mantiene el Partido Popular, parece que no va a ser respetado por el resto de fuerzas, dispuestas a hacer valer sus votos para formar coaliciones realmente imposibles. Lo único cierto, de momento, es que a partir del próximo 13 de enero se pondrá en marcha el proceso de nombramiento del presidente del Gobierno y que será Mariano Rajoy el primero en ser llamado a consultas por el Rey y, en tanto que candidato de la fuerza más votada, al que se le encomiende la formación del Ejecutivo. De no conseguir la mayoría absoluta en primera votación, como así sucederá, se irá, 48 horas después, a una segunda vuelta para conseguir la mayoría simple. Es decir, más votos a favor que en contra. En este punto, el PSOE ya ha anunciado que no apoyará a Rajoy, lo que cierra la puerta a un acuerdo que asegure la estabilidad de la nación, toda vez que no basta con los votos o la abstención de Ciudadanos. Pedro Sánchez, aunque partidario de quemar etapas –es decir, de agotar la posibilidad de que el PP forme Gobierno–, se ha precipitado al negar este gran acuerdo, suponemos que mirando con el retrovisor a sus inmediatos seguidores, Podemos, y sus ambiciones de llegar ya a La Moncloa. Algunas fuerzas fácticas del socialismo español intentan abrir un espacio de diálogo con los populares para poder desenredar la complicada situación política tras el 20-D. Los socialistas no deberían olvidar la coyuntura económica: los Presupuestos Generales de 2016 están aprobados –aunque se deberán ajustar por indicación de la UE– y hay que aprovechar el bajo tipo de interés para la refinanciación de la deuda. Es cierto que un apoyo temporal a los populares con unos objetivos claros para asegurar el crecimiento económico y los compromisos marcados por Europa exigiría una visión que fuese más allá de los movimientos tácticos de corto vuelo. Rajoy está abierto al diálogo y al pacto, pero lo que no sería aceptable es que éste fuese a cualquier precio. El límite está, según afirmó ayer el presidente del Gobierno en funciones, en respetar, independientemente de la fragmentación política, la decisión de los votantes que «han apoyado a formaciones que comparten la defensa del orden constitucional, la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad entre los españoles, el papel de España en el exterior y la lucha contra el terrorismo». Los dos partidos que han gobernado hasta ahora comparten estos principios. Los únicos objetivos son la estabilidad y evitar que España entre en un bucle de incertidumbres. Ayer aparecieron los primeros síntomas de cómo los mercados han recibido el resultado de las elecciones: el Ibex 35, el mayor indicador bursátil español, cayó un 3,62%, mientras que las bolsas europeas han cotizado en positivo; por otra parte, la prima de riesgo subió siete puntos, hasta los 122. Si no se puede conseguir formar un Gobierno que asegure que España sigue siendo un país solvente y fiable y con un sistema parlamentario que, por más fragmentado que esté, actúa por el bien del país, no hay que descartar la convocatoria de nuevas elecciones. Sería una salida no deseable –aunque prevista constitucionalmente si a los dos meses del inicio de la investidura ésta no se consigue– pero, sin duda, mejor que la posibilidad de que se constituya una multicoalición de izquierdas, que nos abocaría a la ingobernabilidad. Si este pacto lo articulan el PSOE, Podemos y un conjunto de movimientos independentistas –desde ERC hasta Bildu–, entraríamos en una situación que sólo nos puede asegurar la inestabilidad. Sánchez debería recapacitar seriamente sobre esta posibilidad que le obligaría, además, a aceptar el derecho de autodeterminación, tal y como exige Pablo Iglesias. El PP perdió 63 diputados, pero sigue siendo la fuerza más votada y mantiene la mayoría en el Senado, algo que no se debería olvidar: no puede haber reforma de la Constitución alguna si no es con la aprobación de la Cámara Alta. El PSOE puede optar por un pacto inviable y perjudicial para la sociedad española, o facilitar al PP apoyos puntuales que aseguren, tal y como apuntó ayer Rajoy, el «rumbo institucional» para cualquier reforma que se haga con la garantía de igualdad entre las personas y el territorio, el crecimiento económico y el mantenimiento de los servicios sociales y, por último, la implicación de España en el proyecto común de la UE. Lo que el electorado socialista no entendería es que un partido histórico como el socialista se entregarse a formaciones que quieren romper los grandes pactos sobre los que se ha levantado la democracia en España. Es tarea de los verdaderos líderes saber explicar a sus votantes cuándo es necesario pensar en los intereses del país antes que en los del propio partido.