El PSOE recurre de nuevo a Franco

El Parlamento debatió ayer una proposición no de ley presentada por el PSOE en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno a exhumar los restos de Francisco Franco de su actual tumba en el Valle de los Caídos y que los de José Antonio Primo de Rivera sean trasladados a otro emplazamiento, aunque dentro de la misma basílica. La cuestión no tiene mucho recorrido práctico, puesto que se trata de una iniciativa que no tiene rango de ley y, por lo tanto, no obliga a su cumplimiento, pero sí conviene enmarcarla en la estrategia de un partido que busca con la muleta del antifranquismo tapar sus carencias programáticas e ideológicas. También, por supuesto, con el objetivo político de que se identifique al centro derecha democrático español, especialmente al Partido Popular, como supuestos depositarios de un criptofranquismo inexistente. Lleva el PSOE demasiados años reeditando esta táctica guerracivilista que impone un único enfoque histórico sobre un pasado cada día más remoto, sin que haya obtenido otra reacción de la sociedad que no sea el desdén irónico ante su entusiasta empeño por actualizar el viejo dicho de «a moro muerto, gran lanzada». Hasta ahora, la pretensión socialista de exhumar los restos de Franco, como la denuncia del Concordato con la Santa Sede, se ha planteado siempre en el plano de la inoperancia práctica, conscientes los líderes socialistas de que el posible coste político sólo corre a cargo del Partido Popular mientras no haya que pasar de las declamaciones a los hechos. Sobre el contenido de la proposición, poco más hay que decir, salvo que la pretendida exhumación del cadáver de Francisco Franco obligaría a modificar el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que, sobre el Valle de los Caídos, establecía que debía regirse «estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos», lo que exige el cumplimiento de unos requisitos que no pueden basarse exclusivamente en criterios historicistas. Asimismo, cualquier otra actuación arquitectónica o funcional en el conjunto del Valle de los Caídos queda fuera de la referida Ley, salvo en lo que se refiere a la retirada, a petición de los familiares y herederos, de los restos humanos que fueron allí depositados después de la guerra y que pertenecían a militares de ambos bandos. Sería preciso, pues, reformar la Ley de Memoria Histórica, demanda que no parece tener demasiado eco en la sociedad española, salvo en el rencor, al parecer, inextinguible de unos pocos.

Cabe, finalmente, una reflexión sobre la eficacia de este tacticismo socialista que recurre de urgencia a Francisco Franco, la Guerra Civil y la Dictadura para recuperar el voto perdido por su izquierda. Ya señalamos en octubre de 2015 que el entonces secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, erraba si creía que reafirmando su anticlericalismo y volviendo al discurso guerracivilista iba a impedir la eclosión de Podemos. Los hechos, con las dos derrotas electorales más severas sufridas por el PSOE desde la recuperación de la democracia, nos dieron la razón. El conjunto de la sociedad española, que acaba de superar las peores consecuencias de la crisis, mira al futuro y no al pasado. Si el Partido Socialista quiere recuperar la posición que tuvo en la política española, debe mirar hacia la moderación de la socialdemocracia. Los arrebatos melancólicos, como han demostrado las elecciones francesas con el PSF, sólo conducen a la irrelevancia.