Una nueva operación antiyihadista desarrollada en diferentes poblaciones catalanas ha vuelto a dejar en evidencia la activa presencia en esta comunidad de este movimiento islamista radical. La intervención de ayer concluyó con la detención de once miembros de una célula vinculada al Estado Islámico (EI), entre cuyos objetivos estaba cometer atentados terroristas en Cataluña, según fuentes de la investigación –entre la documentación incautada hay fotografías de centros públicos y monumentales–, lo que añade un riesgo suplementario a este tipo de grupos, que han demostrado una fuerte implantación en esta comunidad. Si hasta ahora los yihadistas tenían la misión de captar a nuevos miembros para combatir en las filas del EI en Siria e Irak, con la desarticulación de esta última red, Cataluña se situaría como objetivo directo de estos atentados. Después de trece meses, la investigación ha revelado un hecho que debería ser tenido muy en cuenta: de entre los once detenidos, la mitad de ellos se han convertido al islam, cinco de los cuales han nacido en poblaciones catalanas en el seno de familias españolas sin ascendencia musulmana; incluso uno de ellos es originario de Paraguay. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llamó ayer la atención sobre el hecho de que en Cataluña hay unas 50 mezquitas salafistas «de la línea más dura», la mitad de las que existen en el conjunto de España. La Generalitat tiene un claro compromiso de combatir a estos grupos –como así ha sido en esta operación a través de los Mossos d’Esquadra–, pero también es cierto que su política de captar y hacer cómplice del proceso soberanistaa la comunidad musulmana a través de asociaciones tan confusas como Nous Catalans (nuevos catalanes) no ha ayudado en nada. Muy al contrario, ha permitido que el secretario de Inmigración de CDC, Àngel Colom, además de antiguo representante de la Generalitat en Rabat, haya visitado un gran número de mezquitas defendiendo la independencia de Cataluña, incluso suscribiendo un plan para que se imparta la enseñanza del islam en las escuelas catalanas. La política de la Generalitat sobre la «integración» de la comunidad islamista ha tenido episodios de una irresponsabilidad que sólo puede poner en peligro la seguridad nacional de todos los españoles, como el hecho de que el CNI expulsase en 2013 al marroquí al que CiU había encargado difundir la separación de Cataluña del resto de España entre la comunidad musulmana (era colaborador de los servicios secretos de Marruecos). Artur Mas lamentó ayer que se vincule yihadismo con soberanismo, pero, claro está, no es ésta la cuestión, sino que el Estado debe luchar con todos sus medios contra esos grupos terroristas y no puede permitir políticas frívolas que sólo dan alas al islamismo más radical.