El TC defiende la democracia en Cataluña

Por unanimidad, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra una modificación del reglamento del Parlamento de Cataluña que atentaba contra el derecho a la participación política recogido en nuestra Carta Magna. La decisión del TC está en sintonía con los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat catalana, el informe del letrado mayor de la Cámara autonómica y el Consejo de Estado, este último en respuesta a una consulta del Ejecutivo. La admisión a trámite supone la suspensión automática de la reforma pretendida, al menos, durante un plazo de cinco meses. Es decir, que los partidos separatistas catalanes no podrán legislar por la vía «exprés» las llamadas «leyes de desconexión», entre las que se encuentra el decreto de convocatoria del referéndum independentista anunciado para el próximo 1 de octubre. En realidad, los jueces del Constitucional no hacen más que defender los derechos democráticos en Cataluña, cada vez más amenazados por unos representantes institucionales que blasonan de su desprecio a las leyes que han prometido cumplir y hacer cumplir. Unos dirigentes que llevan a la sociedad catalana a la división, al enfrentamiento y a la frustración deberían admitir que no podrán eludir eternamente sus responsabilidades ante la Justicia y obrar en consecuencia.