El uso político de la corrupción por los socialistas lastra una lucha de todos

Por la cuantía del dinero público malversado –741,59 millones de euros, según las cuentas de la Fiscalía–, por el extenso periodo temporal en el que se cometieron las irregularidades, casi una década, y porque los fondos se emplearon para facilitar el cierre de empresas y la consiguiente destrucción de empleo, el fraude de los ERE de Andalucía es uno de los casos de corrupción política y administrativa más graves de la reciente historia de España. Ayer, el fiscal presentó su escrito de acusaciones en el que pide penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación a 26 altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que destacan, por haber presidido el Gobierno autónomo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Para este último, la Fiscalía solicita seis años de prisión y 30 de inhabilitación y para el primero, 10 años de inhabilitación. Se trata de un paso más en el largo proceso judicial promovido por la juez Mercedes Alaya en 2011, que le salta al PSOE en un momento muy delicado, cuando su secretario general, Pedro Sánchez, arrogado en el papel de justiciero contra el Partido Popular, se juega parte de su escaso caudal político en las elecciones del País Vasco y Galicia. Pero, como hemos señalado en otros casos judiciales, los tiempos de la Justicia no tienen por qué coincidir con los de la política y toca a todos mantener el más firme respeto a la independencia judicial. Si el lunes le estalló el «caso Barberá» al PP, sin que desde el PSOE se hiciera el más mínimo reproche a la posible intromisión electoral del magistrado de turno, hubiera sido coherente que, ayer, los portavoces socialistas se hubieran mantenido en la misma línea, sin esparcir sospechas infundadas sobre las intenciones de la Fiscalía andaluza. Probablemente, en esta doble vara de medir, que afecta por igual a todos los representantes políticos, siempre prestos a utilizar electoralmente las conductas que afectan a los otros, sin importar la entidad de las acusaciones, su origen o la simple cronología, se encuentre uno de los mayores obstáculos para una lucha eficaz contra la corrupción pública en España y, de paso, para recuperar el buen nombre de la acción política en la estimación de los ciudadanos. Ni España es un país especialmente corrupto ni es cierto que desde las distintas instancias administrativas no se esté luchando contra esa lacra. De hecho, si hoy es más difícil que los delincuentes actúen se debe al endurecimiento legislativo, a la exigencia normativa de la transparencia en la gestión del dinero público y, sobre todo, a la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos, todas ellas medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Incluso pudiera darse el caso, en virtud de la llamada «ley del péndulo», tan presente en la vida política, de que un exceso en el principio de precaución acabe por dificultar la normal gestión diaria de las administraciones. Es preciso un cambio de actitud en la lucha partidaria que abandone la doble moral en estos asuntos y, sobre todo, que no levante tormentas mediáticas que acaban en procesos paralelos y que, en la época de internet y los buscadores de archivo, pueden causar daños irreversibles al honor de las personas. Frente al «y tú mas», que no lleva a ningún sitio y sólo contribuye a desmerecer el prestigio de la política, hace falta un gran acuerdo contra la corrupción. Uno más de los que ha rechazado por razones de interés propio el secretario general de los socialistas.