En defensa de la democracia

La llamada a asediar el Congreso por parte de una plataforma de la izquierda radical apenas reunió ayer en Madrid a un millar de personas, pese a que la convocatoria había sido ampliamente publicitada por los medios de comunicación. Pero el fracaso relativo de la marcha, rechazada en el último momento y en distinto grado por todos los partidos políticos de izquierda y los colectivos de «indignados» ante las pruebas incontestables del fin violento que perseguían sus organizadores, no debe hacernos obviar la deriva preocupante que están tomando las acciones de protesta en España durante los últimos meses. Con un problema añadido: la frecuente complacencia de la izquierda parlamentaria ante unos métodos de agitación que, cuando menos, rozan la ilegalidad. Una actitud peligrosa que puede alentar a los grupos más radicales, a los «antisistema» de tendencias anarquistas, a actuar violentamente contra las instituciones democráticas y sus representantes. Ayer, las consecuencias podrían haber sido otras, mucho más graves, sin la oportuna y profesional actuación preventiva de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que consiguieron interceptar y detener a una docena de individuos provistos de material incendiario y petardos de gran potencia antes de que pudieran actuar. Sin embargo, la respuesta a lo que están buscando los grupos extremistas, que no es otra cosa que la deslegitimación del sistema democrático, no puede venir exclusivamente de la actuación policial, por eficaz que ésta haya sido. La respuesta concierne a todas las instituciones del Estado, pero especialmente a los partidos políticos con representación parlamentaria, que deberían deslegitimar contundentemente eslóganes del tipo «No nos representan» o «Nos gobiernan por el miedo», que cuestionan las bases de nuestra democracia, ejemplar en muchos aspectos. La tentación, tan cara a la izquierda, de buscar en las calles el desgaste de un Gobierno elegido por mayoría absoluta hace poco más de un año, puede dar réditos en términos de baja política, pero es una apuesta de riesgo para la estabilidad del país, en un momento de grave crisis económica, con altos índices de desempleo y preocupación social. La respuesta, también, concierne al Poder Judicial, algunos de cuyos representantes mantienen actitudes demasiado «comprensivas» ante actuaciones que están claramente tipificadas en el Código Penal, que llevan a la confusión de la ciudadanía. La amenaza pública, el acoso callejero, los llamamientos a la violencia, la tenencia de sustancias incendiarias, la resistencia a la autoridad o la destrucción de bienes públicos y privados son delitos que no deberían ser minimizados por una laxa concepción de los derechos de manifestación y expresión.