Error histórico con Gibraltar

Que a menos de cuarenta y ocho horas para que el acuerdo del Brexit llegue a la mesa del Consejo Europeo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable de una inexistente capacidad de veto demuestra la pésima gestión del equipo negociador español, que, una vez más, se ha dejado sorprender por la experiencia y la falta de escrúpulos de la diplomacia británica. Ya de poco sirve que, ahora, el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, recurra a los tópicos de la pérfida Albión y se queje de que la primera ministra británica, Theresa May, haya actuado «con nocturnidad y alevosía», como si la experiencia de siglos en el trato con los ingleses no nos hubiera vacunado. Pero, no hay, además, justificación posible para el fiasco gibraltareño, puesto que era sabida la pretensión de Londres de colocar a la colonia bajo el paraguas de la negociación general entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo que ha conseguido, si España no reacciona con la máxima firmeza, al excluir de la declaración política del Brexit cualquier referencia a Gibraltar, al tiempo que se aseguró con el artículo 184 del Tratado de salida, metido de rondón, que la futura situación de la Roca, pasado el período transitorio de dos años, se negocie desde los respectivos acervos legales del Reino Unido y la UE. Tiene, pues, cierta razón el secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, cuando advierte de que conseguir a última hora volver a introducir una declaración política sobre Gibraltar «da exactamente igual, porque no va a formar jurídicamente parte de lo que tiene que aprobar o no el Parlamento británico». En cualquier caso, y pese a la nefasta gestión del actual Gobierno socialista, España aún puede jugar la baza del voto negativo al acuerdo de salida, que aunque no sirva a los efectos de un veto, amenaza con romper la unidad de acción de los Veintisiete, que ha sido una de las prioridades de Bruselas a lo largo de todo el largo y complejo proceso negociador. De hecho, la posición española se había caracterizado por facilitar las cosas al equipo negociador, sin empeñarse en maximalismos sobre el futuro estatus gibraltareño, pero, eso sí, dejando claro que ese estatus iba a depender exclusivamente del resultado de unas negociaciones bilaterales entre Madrid y Londres, de las que quedaban excluidos tanto Bruselas como los representantes del Peñón. Por supuesto, lo que le interesa al Gobierno británico es que su colonia mediterránea, el único territorio de estas características en suelo europeo, tenga idéntica consideración a la del resto del Reino Unido y se beneficie por igual de los futuros acuerdos comerciales. El Gobierno, por lo tanto, debe mantenerse firme en la vigencia de los protocolos que obligaban a Londres a negociar sobre las tres cuestiones más sensibles para nuestros intereses: el contrabando, los derechos laborales de los trabajadores españoles en la Roca, la clausura del paraíso fiscal y el respeto a las condiciones medioambientales en el área del Estrecho. Es decir, todas aquellas irregularidades de las que se ha venido beneficiando la colonia en detrimento del Campo de Gibraltar. Esto era el núcleo de la cuestión y no hay que dejarse confundir por la «premier» británica cuando afirma grandilocuentemente que la soberanía no está en cuestión porque, efectivamente, en el acuerdo del Brexit nunca se había incluido ese aspecto del problema. No es España el único socio europeo que disiente de parte de lo acordado. Francia, principalmente, plantea reticencias sobre la indefinición de los derechos pesqueros y puede ser un buen aliado para España frente a las prisas excesivas de otros socios, como Alemania, para cerrar como el tratado de salida tal y como está, algo que Pedro Sánchez no puede consentir.