Escandalosa campaña desde el BOE

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no parezca consciente de lo ocurrido, lo cierto es que la llamada a las urnas del próximo 28 de abril responde a un hecho político insoslayable: que su Gabinete no consiguió la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la ley maestra de cualquier ejercicio y el único instrumento idóneo para desarrollar un programa político digno de ese nombre. Es decir, que nos hallamos en la actual tesitura electora por el fracaso palmario de un Gobierno que fue incapaz de articular una mayoría parlamentaria en torno a su proyecto, tal vez, porque los socios que se agruparon para sacar adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy tenían unas intenciones y buscaban unos objetivos que poco o nada tenían que ver con la gobernabilidad del país, su estabilidad y la gestión de los intereses generales. Era, pues, inevitable, disolver las cámaras en favor de unas nuevas mayorías, como así hizo Pedro Sánchez, y, siguiendo los usos habituales en las democracias parlamentarias, gestionar la etapa de provisionalidad del Gobierno desde la deseable neutralidad de quien sabe que va a verse sometido al veredicto del pueblo, que es el depositario de la soberanía nacional y el árbitro sobre el que todo bascula. Sin embargo, asistimos al espectáculo impensable, inédito desde los albores de la Transición, de un Gobierno con su fecha de caducidad tasada, que en lugar de gestionar ese tiempo, no sólo retrasa la convocatoria electoral hasta el 5 de marzo, ampliando innecesariamente el plazo de 54 días que marca nuestra Ley electoral, sino que pretende plasmar una acción política mediante el uso torticero de los reales decretos, un instrumento ejecutivo excepcional, mucho más cuando se utiliza en períodos electorales. Pero es que, además, esta práctica se está llevando a cabo de manera escandalosa, sin el menor pudor, y poniendo al servicio del partido del Gobierno y de su principal candidato unos medios públicos de los que sólo puede disponer en razón de su cargo. Con todo, lo peor no es el concepto patrimonialista del Estado, que ha caracterizado muchas de las actuaciones y, sobre todo, actitudes de Pedro Sánchez en sus escasos ocho meses de gobierno, sino que la utilización del BOE como pródigo instrumento de campaña electoral compromete el futuro de las cuentas del Estado, en un país, no deberían obviarlo los ciudadanos, que afronta una deuda pública cercana al 100 por cien de su PIB, –por la que se pagan 30.000 millones de euros al año en intereses–, y una Seguridad Social deficitaria en 19.000 millones de euros, que, además, debe hacer frente este año de 2019 a un gasto en jubilaciones de 153.000 millones de euros. Pero ninguna de estas cifras, que aconsejarían unas políticas de contención del gasto, mayor amortización de la deuda y una bien estudiada reforma del sistema de pensiones, parecen ser capaces de impedir esta reedición de la barra libre de gasto que ya vivimos, y, luego tuvimos que lamentar, con el anterior gobierno socialista. En definitiva, propaganda, demagogia y crudo partidismo a cuenta de todos. Porque el problema no es tanto que, ante una contienda electoral, el partido del Gobierno se aproveche de las lógicas e inevitables ventajas de quien ocupa el poder, como que saltándose todos los usos no escritos de las democracias avanzadas haga de su posición ejecutiva un ariete contra el resto de los partidos políticos que compiten en las urnas. Las formas, tan importantes en política, y el respeto a las reglas del juego deberían presidir la actuación de un Gabinete que, como ya hemos señalado, está a la espera del juicio de los ciudadanos, que, dicho sea de paso, conforman una sociedad madura y curada de electoralismos.