España necesita ya un gobierno estable que garantice la unidad

La fortaleza de una nación se mide, fundamentalmente, por el respeto a la Ley de todos sus ciudadanos, sin excepción posible. Sólo el acatamiento del orden jurídico que protege los derechos y libertades de una sociedad democrática integrada por personas libres e iguales, como es la española, garantiza la convivencia en paz y el progreso social de todos sus habitantes. España, como Estado de Derecho, dispone de los suficientes instrumentos para garantizar el cumplimiento de las leyes y defender el principio de la soberanía nacional sobre el que se sustentan sus instituciones. Por lo tanto, fuera de la Constitución, no hay espacio para otra acción política que no sea la sedición y el atentado contra la libertad del pueblo, y fuera de la Ley no cabe otra respuesta que la firmeza en su restitución. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, expuso ayer ante la ciudadanía la vigencia de estos principios y reafirmó su compromiso institucional y personal en la defensa de la Ley y la soberanía nacional porque el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se declaró paladinamente al margen de la Ley en un acto ominoso contra la democracia española. Su discurso de investidura, en efecto, constituyó la culminación del ataque contra los principios constitucionales y contra la esencia de la nación, que cristalizó el pasado 9 de noviembre de 2015 con la espuria declaración de independencia aprobada por el Parlamento autónomo catalán y que fue puntualmente anulada por el Tribunal Constitucional, como bien recordó Mariano Rajoy en su intervención. No hay, pues, atenuante posible a la ignominia vivida en una Cámara cuya legitimidad emana exclusivamente de las propias instituciones del Estado que se pretende destruir, y ante la que el nuevo presidente catalán dibujó sin el menor embozo un proyecto de actuación política encaminada a la separación de una parte de España, que no sólo es ilegal, sino que constituye una provocación directa y un insulto a todos los españoles. Por supuesto, no podemos abdicar del convencimiento de que la fortaleza de la democracia española resistirá la inicua agresión del separatismo catalán, más aún cuando permanece al frente del Gobierno el presidente Rajoy, con todos los poderes que le otorga nuestro ordenamiento jurídico para actuar en la defensa del Estado, cuyos mecanismos puso ayer en marcha, pero pecaríamos de ingenuidad si no alertáramos del riesgo que supone para la estabilidad y la convivencia social esta amenaza contra la unidad de España y su soberanía. A nadie se le oculta que si la estrategia separatista busca acelerar los tiempos en el proceso de secesión –con la aplicación de un calendario legislativo bien definido– es, entre otras cuestiones, porque apuesta sobre un escenario político nacional complejo, que, llevado al límite, prolongaría la interinidad de las instituciones gubernamentales hasta la próxima primavera –cuando habría que repetir las elecciones generales– o, en su defecto, llevaría al Gobierno a un partido condicionado por la izquierda populista y los nacionalismos radicales. Sólo desde esta óptica se entiende en todas sus implicaciones la oferta de apoyo hecha a Pedro Sánchez por el todavía líder de Convèrgencia, Artur Mas, para expulsar del Gobierno al Partido Popular. Esa suposición del nacionalismo catalán de que un Ejecutivo del PSOE débil, apenas respaldado por un conglomerado de formaciones extremistas, muchas de ellas de vocación antisistema, favorecería la ruptura territorial de España, por más términos eufemísticos que se empleen, no sólo desmerece al conjunto del socialismo español, al que falsamente se atribuye falta de convicción en la defensa de la unidad de la nación, sino que exige una respuesta contundente desde la dirigencia del Partido Socialista que vaya mucho más allá de la –loable, pero insuficiente– declaración oficial de apoyo al Gobierno. Es preciso dar un paso adelante en la dirección propuesta por Mariano Rajoy al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para formar una gran alianza constitucionalista entre los dos grandes partidos nacionales (más Ciudadanos) que garantice un Gobierno estable y fuerte que pueda enfrentarse con todas las garantías al desafío separatista catalán. Un acuerdo que, además, mantendría la estabilidad política e institucional de España, lo que permitiría sostener el actual proceso de crecimiento económico, que es la mejor baza para la recuperación del empleo y, en consecuencia, para la mejora de los servicios sociales. No hay nada irracional ni imposible en la propuesta del líder del Partido Popular de un acuerdo que no extrañaría en ninguna democracia de la Unión Europea. Pedro Sánchez no debería tratar de imponer sus intereses políticos, por supuesto legítimos, sobre el interés general de los ciudadanos, pero, también, de su propio partido.