Europa se resiente del bloqueo

Las distintas estancias administrativas de la Unión Europea comienzan a ver con aprensión cómo se prolonga la interinidad de un Gobierno español incapacitado por leyes propias para cumplir las reglas de estabilidad de la eurozona. En efecto, las normas que establecen en España las limitaciones de un Ejecutivo en funciones son muy claras y especifican que «no podrá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado» ni «presentar proyectos de ley al Congreso o, en su caso, al Estado». Es decir, que salvo un cambio dramático en las actuales circunstancias políticas, nuestro país no podrá presentar a Europa sus presupuestos antes de la fecha límite del 15 de octubre. Un problema sin solución fácil, porque, por más que las instituciones europeas reconozcan la imposibilidad material de cumplir el compromiso adquirido, no por ello decae la norma. Se puede discutir si la prórroga presupuestaria a la que está obligado el Gobierno en funciones sirve a los efectos de Bruselas; pero, aunque así fuera, no permitirían afrontar la reducción ya pactada del déficit público ni la aplicación de sanciones, que incluyen la congelación de los fondos estructurales. Es cierto, pese a algunas declaraciones extemporáneas de responsables comunitarios, que nuestros socios comprenden el brete en el que se encuentra el Gobierno español y están favorablemente dispuestos a buscar soluciones, pero, como se advierte desde el BCE, la excesiva tolerancia puede poner en riesgo todo el marco fiscal de la zona euro. En esa buena disposición europea, conviene recordarlo, influye la buena marcha general de la economía española, que, pese a todo, sigue creciendo por encima de las previsiones más optimistas, y la confianza de las autoridades de Bruselas en que, sea cual sea el signo de su próximo Gobierno, España mantendrá la misma política económica que ha llevado a la recuperación y, por supuesto, hará honor a los compromisos adquiridos en el marco del euro. Sin embargo, esa confianza está basada en la experiencia de una cultura política común a la mayoría de las grandes democracias europeas –donde el pacto entre partidos diferentes no supone dificultades insalvables cuando se trata de atender a los intereses generales– que, desafortunadamente, no parece que se pueda hacer extensiva a la izquierda española. Así, mientras nuestros socios europeos comienzan también a resentirse del bloqueo español, porque reconocen la dificultad de encauzar las consecuencias, en nuestro país, los directos responsables de la parálisis institucional ventean supuestas soluciones mágicas –en forma de decretos leyes– que no sólo están, como señalábamos al principio, prohibidas por la legislación, sino que suponen atajos imposibles al buen hacer de un país que se considera homologable al resto de las grandes democracias. Esa parece ser, al menos, la estrategia del actual secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, empeñado en eludir su responsabilidad, como si los Presupuestos Generales del Estado, que están vinculados al marco de estabilidad fiscal y económica de la Unión Europea, se pudieran ventilar con cuatro disposiciones para salir del paso. Pero en está cuestión ya no caben más subterfugios. Sin duda, Pedro Sánchez está en su derecho de ignorar los resultados de las urnas y forzar un Gobierno alternativo con la izquierda radical y los separatistas. Incluso puede arrastrar a los ciudadanos a unas terceras elecciones. No lo está cuando lo que pretende es reescribir la historia a costa de los intereses de la sociedad española.