Ley de transparencia

Firmeza contra la corrupción

La trayectoria política y personal del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la de quienes conforman sus equipos permitía pronosticar la reacción contundente y directa contras las acusaciones de corrupción vertidas sobre el Partido Popular. Ayer, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la formación que él mismo preside, el jefe del Gobierno planteó una estrategia en dos frentes, uno interno y el otro, externo, que no sólo debe servir para dejar meridianamente claras las cuentas de la formación, y corregir cualquier irregularidad, sino, también, para plantear al conjunto de la clase política un pacto destinado a moralizar la vida pública. Mariano Rajoy es consciente de que los más dolidos e indignados por el caso de las cuentas suizas del ex tesorero Luis Bárcenas, que ya están siendo investigadas por la Justicia aunque dentro de su proverbial lentitud, son los propios militantes y simpatizantes populares. Con sus medidas de revisión de las cuentas del partido, ya fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, y la decisión de que los resultados sean refrendados por una auditoría externa, algo completamente inédito en los usos de los partidos políticos españoles, Mariano Rajoy quiere transmitir a su militancia tranquilidad y confianza en la honradez de la inmensa mayoría de los dirigentes y cargos públicos del partido y, al mismo tiempo, la convicción de que se erradicarán las conductas inaceptables. Es la puesta en práctica del «no me temblará la mano» con el que se dirigió a los participantes en la Conferencia Intermunicipal de Almería. Para el frente externo, el Gobierno ha preparado un instrumento legal, la Ley de Transparencia, destinado a dar luz y taquígrafos a los contratos públicos desde su primeros actos formales; y ha puesto en marcha en el seno del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), por encargo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, un grupo de trabajo cuya misión es redactar un paquete de propuestas para la lucha contra la corrupción, que deberá estar listo antes del próximo verano. A partir de los resultados que aporte el CEPC, el presidente del Gobierno ofrecerá al resto de las formaciones políticas un gran pacto por la regeneración política y contra la corrupción que minimice al máximo los, por otra parte, inevitables comportamientos delictivos e inmorales. Ya ofreció Mariano Rajoy al PSOE ese mismo pacto en 2009, cuando los socialistas estaban en el Gobierno, aunque sin obtener respuesta alguna. Conviene recordarlo ante la actitud demagógica que están adoptando los socialistas en la oposición. La lucha contra la corrupción en la vida pública no es fácil y su completa erradicación se antoja utópica. Pero hay que librarla sin desmayos y una buena forma de hacerlo es la que propone Mariano Rajoy.