Fiscalización necesaria

La consolidación fiscal es un objetivo básico. En buena medida, la recuperación de la confianza internacional en nuestro país se ha cimentado en el rigor para equilibrar nuestras decaídas cuentas, que ha exigido el mayor ajuste de Europa el pasado año. Ninguna administración puede desmarcarse de ese fin. No cumplir con los compromisos adquiridos y desviarse de los planes de estabilidad nos penalizaría gravemente. El objetivo de déficit público constituye en sí mismo una prueba sobre la determinación y la convicción de España de asumir sus responsabilidades. En este sentido, el Gobierno se ha mantenido firme con razón en su posición de no flexibilizar los deberes de las comunidades. Rajoy insistió ayer en que alterar los criterios acordados con la UE sobre el volumen convenido de los desajustes no enviaría «un buen mensaje» a los mercados, de los que dependemos para financiarnos. En efecto, un paso en falso en este terreno se paga demasiado caro y abrir la mano no sería inocuo para la consolidación fiscal. No se trata de un pronóstico, es una certidumbre. El pasado año, Cataluña ya incumplió el tope marcado y muy probablemente no fue el único territorio. Según avanzó ayer Funcas, España cerró 2012 con un déficit público del 7,3%, un punto porcentual por encima del objetivo, que no sería atribuible a la Administración central, que habría cumplido, sino a la Seguridad Social y a las autonomías. En esa coyuntura, censurar una supuesta intransigencia del Estado o culparlo de las estrecheces de las finanzas territoriales es falso e injusto. Basta recordar, por ejemplo, cómo las arcas estatales ayudan a las comunidades a financiar el déficit. Ayer mismo, Cataluña reclamó un rescate de 9.073 millones, casi el doble de lo que solicitó el año pasado. Lo expresó de forma concluyente el ministro García-Margallo: «Las autonomías tendrán que decidir si cierran ambulatorios u oficinas en el exterior». Cuesta entender que a estas alturas de la crisis existan administraciones que distraigan los mermados recursos en políticas ajenas al interés general y a las necesidades de los ciudadanos. El Gobierno tiene el deber de garantizar ante Europa que España es seria y se mantiene firme en su compromiso con el saneamiento, el equilibrio y la estabilidad financieros. LA RAZÓN adelanta hoy que Hacienda revisará factura a factura las cuentas de 2012 de las comunidades. La Intervención General las fiscalizará porque hay datos que no cuadran. Es una decisión prudente que reforzará la transparencia y la credibilidad de la información que se trasladará a Europa. Una investigación profunda redundará en solvencia. España está aún lejos de disfrutar de la fortaleza económica necesaria y pende de complejos y delicados equilibrios que no podemos arriesgar con cuentas poco claras.