Fracaso de una huelga política

Pese a la intensa movilización de las organizaciones de izquierda presentes en el sector educativo, la huelga de ayer, convocada contra la nueva ley educativa que prepara el Gobierno, fue un fracaso sin paliativos que ni siquiera las coloridas manifestaciones de estudiantes organizadas en distintas ciudades consiguieron camuflar. No cabía esperar otra cosa, puesto que se trataba de una huelga esencialmente política en un medio, como es el de la enseñanza española, en el que la inmensa mayoría de sus profesionales y de los padres de alumnos son conscientes de las graves disfunciones que presenta el actual sistema educativo. De ahí que la lista de convocantes se limitara al universo izquierdista, lo que explica su escaso seguimiento, cifrado por el Ministerio de Educación y Ciencia y los gobiernos autonómicos en un 20 por ciento de participación. Sólo desde una posición ideológica cerril e interesada es posible entender el rechazo frontal, sin matices, a una reforma que la mayor parte de los ciudadanos comprende que es imprescindible y que pretende aumentar el nivel de exigencia, mejorar los contenidos y ejercer un control efectivo sobre la evolución de los alumnos. En definitiva, se trata de reparar los daños causados por las distintas legislaciones de inspiración socialista, que –los datos comparativos de Eurostat son tozudos– mantienen a los estudiantes españoles en los puestos de cola de la Unión Europea, junto con Portugal y Malta, pese a unas inversiones públicas que en 2012 han superado los 51.000 millones de euros, lo que supone el 4,81 por ciento del PIB, y que no han dejado de aumentar en los últimos diez años, sin que los resultados hayan respondido positivamente al importante esfuerzo financiero hecho por el conjunto de la sociedad española. Era, pues, imprescindible llevar a cabo una rectificación en profundidad de una política educativa que en los momentos de bonanza económica –año 2002– se demostró incapaz de retener en el sistema escolar a un tercio de sus alumnos, con las terribles consecuencias que hoy padecemos: un índice de desempleo juvenil cercano al 60 por ciento, que se ceba especialmente con los jóvenes sin titulación y con menor formación. Sin embargo, aún hay tiempo para que los partidos que se oponen a la reforma, en su mayor parte con argumentos exclusivamente ideológicos, se avengan a negociar la nueva ley educativa, que en breve comenzará su trámite parlamentario, como se viene ofreciendo reiteradamente desde el Gobierno. En lugar de lanzar acusaciones sectarias contra los promotores de la Lomce, los diputados tienen la oportunidad de colaborar para que el cambio que España necesita con urgencia se lleve a cabo con las mayores garantías.