Hartazgo en la sociedad catalana

La Generalitat de Cataluña afronta estos días una oleada de protestas y reivindicaciones laborales que afectan a los profesionales de la Sanidad, la Educación y otros servicios públicos, como los Bomberos, sobre quienes pesan todavía buena parte de los recortes presupuestarios que impuso la crisis. Hasta ahora, la tensión social provocada por el proceso separatista, que tuvo especial incidencia entre unos funcionarios que dependen, precisamente, de los impulsores del movimiento independentista, había puesto sordina al malestar de amplios sectores de la población, cuyas demandas eran sistemáticamente ninguneadas por una Administración que trasladaba su responsabilidad «al Estado» o mantenía, paladinamente, que se trataba de asuntos menores frente al desafío primordial de «construir la república».

Y, sin embargo, el deterioro de los servicios públicos era sentido cada vez con mayor intensidad por la población, hasta el punto de que el Principado, por ejemplo, ha pasado a encabezar, con Canarias y Castilla-La Mancha, las listas de espera quirúrgica, con una media de 132 días, frente a los 47 días de Madrid o La Rioja. Basta recordar que la Generalitat llegó a acumular retrasos de más de 700 días en el pago a los proveedores farmacéuticos, obligando a intervenir al Gobierno central con el Fondo de Liquidez Autonómica. El Ejecutivo de Quim Torra es el que menos fondos dedica a la Sanidad, el 23, 2 por ciento del Presupuesto, frente al 37,97 por ciento de la Comunidad de Madrid. En Educación, la partida presupuestaria para este ejercicio –la misma que en 2017, ya que no se han aprobado los Presupuestos autonómicos– supone 500 millones de euros menos que en 2010, con un déficit de docentes que los sindicatos calculan en casi 6.000 plazas. Hablamos, por supuesto, de una de las comunidades autónomas españolas con mayor presión fiscal, la única, por cierto, que no ha modificado los tramos del IRPF tras la reforma del 2015, lo que hace que los trabajadores catalanes con rentas bajas y medias sean los que más pagan de España.

La Generalitat es, también, la que más impuestos propios impone, la que más grava fiscalmente los hidrocarburos y la que tiene un tipo más alto para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. El problema no es sólo que una parte de estos ingresos haya sido dedicada por los responsables políticos nacionalistas a cubrir los costes del desafío secesionista, con gigantescas campañas de propaganda a todos los niveles, sino que la gestión del día a día ha venido lastrada por unos esfuerzos dedicados al «procés» dignos de mejor causa. Es una realidad que los últimos gobiernos de la Generalitat han abdicado de su responsabilidad en la gestión de los problemas reales de la gente, creando, como ya hemos denunciado, una red clientelar que ha hecho del movimiento separatista un modo y un medio de vida, pero mantenido con el dinero público.

Todo lo que no servía a su proyecto de ruptura con el Estado no ha tenido cabida en su actuación y la respuesta ante las inquietudes ciudadanas fue agitar el victimismo y culpar a Madrid por una política de reducción presupuestaria que venía impuesta por la crisis. Ni siquiera el cambio de escenario económico y financiero, de franca recuperación, ha tenido su cabal reflejo en la Cataluña de los gobiernos nacionalistas. Así, las protestas en las calles han mutado su fisonomía, han recuperado su espontaneidad y ya no reclaman utopías indeseables, sino el traslado a la sociedad de una vez por todas de los efectos de la recuperación. Los gobernantes del Principado deben volver a la normalidad institucional, al respeto de la Ley y a la recuperación de las prioridades de una sociedad que se reclama partícipe del Estado de bienestar.