Hay que parar la violencia machista

Todos los partidos del arco parlamentario incluyen en sus programas medidas contra la violencia de género y hacen llamamientos a actuar con contundencia y aplicar planes específicos contra esta lacra social. Desde el PP («gran acuerdo social para la erradicación de la violencia contra las mujeres»), al PSOE (reforzar presupuestariamente la ley integral y «publicar la lista de maltratadores con sentencia firme»); desde Ciudadanos («elevar el agravante a toda la violencia doméstica»), a Podemos (incluir las formas de violencia machista que recoge el Convenio de Estambul). Si es inaceptable cualquier violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, debe ponerse en marcha cuanto antes un pacto de Estado. Así fue acordado en el Congreso el pasado mes de noviembre con una unanimidad que no suele alcanzarse –344 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención– y que reclamó un gran acuerdo. En aquella proposición no de ley ya se adelantaba gran parte de las medidas que debían aplicarse, siguiendo el «espíritu de consenso», como así se especifica, de la Ley de Protección Integral Contra la Violencia de Género de diciembre de 2004 y que en su exposición de motivos decía: «La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». Por lo tanto, y dada la indignación y alarma social que despiertan las víctimas de la violencia machista, es necesario que el Pacto de Estado quede cerrado lo antes posible y cumpla los plazos acordados: que la subcomisión creada presente las propuestas concretas en el mes de abril (en cuatro meses se comprometió en el pasado diciembre). Las medidas anticipadas hasta ahora son completas en todos los ámbitos –policial, judicial, educativo y protección social–, pero el fenómeno es tan complejo y depende de tantos factores imprevistos que será necesario hacer una acción continuada desde todas las administraciones, evitando hacer un uso político de este drama social. Es aventurado dar una explicación convincente de por qué aumenta el número de muertes en un determinado periodo y no basta hablar del «efecto llamada» para justificar que en dos días hayan sido asesinadas tres mujeres. En lo que llevamos de 2017, 16 mujeres han perdido la vida por sus parejas, ex parejas y personas con las que mantuvieron alguna relación. Una cifra demoledora porque alcanza la de 2008, que fue el peor año de los registrados, con 76 víctimas. No podemos llegar a la conclusión de que hemos retrocedido una década. En estas fechas, en 2005 habían sido asesinadas 5 mujeres y, sin embargo, el año se cerró con 60. Mucho más revelador, si cabe, es que el 41 por ciento de las mujeres asesinadas en 2016 habían denunciado a su agresor y un 66 por ciento vivían con sus asesinos. El problema es complejo porque apunta a una dependencia económica que obliga a muchas mujeres a compartir el mismo techo con la persona que acabará con su vida. No hay que estigmatizar nuestra situación, que comparativamente es inferior en violencia machista que Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia y Reino Unido, sino poner los medios para llevar una verdadera política de Estado en materia policial, judicial, educativa y de asistencia social. No olvidemos que el drama de una mujer asesinada se prolonga en los hijos. Desde 2005, existen 500 huérfanos de madre por violencia de género.