Impulso a la seguridad en la red

L a subcomisión para el estudio de las redes sociales y de internet, que fue impulsada por el Grupo Popular en el Congreso, está a punto de terminar sus conclusiones tras un año de trabajo en el que han sido consultados medio centenar de especialistas en la materia. El objetivo primordial que guiaba a los populares era la protección de los derechos fundamentales de las personas frente al mal uso de las nuevas herramientas de comunicación. El anonimato que se ofrece a los usuarios y la dispersión mundial de los servidores y las empresas que detentan los canales electrónicos favorecen la impunidad de quienes utilizan las redes de manera torticera y causan graves daños al honor, la fama y la integridad moral de otras personas. No se trata sólo de combatir delitos claramente tipificados en la mayoría de los países del mundo –como el terrorismo, la pornografía infantil o la incitación al odio racial–, que tienen su propio ámbito de represión y control, sino también de proporcionar a las víctimas de los insultos, amenazas, calumnias e injurias que se extienden por las redes sociales al calor del anonimato los instrumentos que les permitan, cuando menos, borrar textos y eliminar imágenes ofensivas con la mayor celeridad posible, con independencia de las actuaciones judiciales que se quieran adoptar contra los autores. El Grupo Popular pretende agilizar el trámite parlamentario –comisión de Interior y pleno de la Cámara– para que las propuestas lleguen al Gobierno antes de marzo. Aunque todavía están en fase de estudio, parece que las conclusiones se inclinan por utilizar una doble vía, adminsitrativa y judicial, para garantizar el uso seguro y responsable de las redes. Es decir, que la simple denuncia ante la Policía permita activar el mecanismo de respuesta. Acción gubernativa que, por supuesto, estaría sujeta a posteriori al control judicial. Esta fórmula, que permite soslayar el hecho de que la mayoría de los servidores y operadores están en el extranjero, lo que eterniza las gestiones judiciales internacionales, no debe suponer riesgo para el derecho a la información y a la libre expresión de opiniones por cuanto la actuación no se sustrae a la tutela judicial. En cualquier caso, el mismo trámite parlamentario servirá para ajustar los procedimientos ante las dudas que puedan surgir. pero lo que es evidente es que las redes sociales e internet deben sujetarse a las mismas reglas que rigen la convivencia en sociedad, necesidad que se percibe con mayor fuerza a medida que se extienden estos canales de comunicación. A lo largo de esta legislatura, el Gobierno del PP y su grupo parlamentario han avanzado importantes reformas legales para dotar a la sociedad de mejores instrumentos para la lucha contra una delincuencia, que ha evolucionado al ritmo de las nuevas tecnologías. Una labor que hubiera merecido un mayor compromiso de la oposición.