Gobierno de España

Juego oportunista de Albert Rivera

La Razón
La RazónLa Razón

No está en el diccionario de la RAE pero todo el mundo ha entendido el significado de la expresión coloquial, «aprovechategui», con la que Mariano Rajoy, no sin cierta benevolencia, ha descrito el comportamiento de Albert Rivera a cuenta de la situación en Cataluña. Sin duda, el sufijo, de cierta reminiscencias vascas, quita hierro al sustantivo «aprovechado», –como «amarrategui» lo hace con «tacaño»–, que no oculta el menosprecio del presidente del Gobierno ante una actitud demasiado próxima al ventajismo político de quien, alentado por las encuestas, no mide bien su repercusión en la opinión pública. Pero el proceder del líder de Ciudadanos es aún más criticable puesto que utiliza en su pugna, legítima, por desbancar al Partido Popular materias de gran sensibilidad para la mayoría de los españoles como son la lucha contra el terrorismo etarra o los desafíos del nacionalismo que ponen en riesgo la unidad de España. Ya vimos este comportamiento poco edificante de Albert Rivera y algunos de sus más directos colaboradores cuando, en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno y el PNV, se aventó la especie de que se estaba chalaneando con la política penitenciaria y el acercamiento de los presos etarras, cuestiones que nunca estuvieron encima de la mesa, o de que se estaba poniendo en peligro la caja única de la Seguridad Social, aspiración estatutaria de máximos, que el nacionalismo vasco, y era de sobra conocido, mantiene cuidadosamente aparcada. Ayer, en el Congreso, Albert Rivera, cuya memoria flaquea hasta el punto de olvidar la posición que mantuvo Ciudadanos contra la aplicación del 155 en Cataluña –«Sería matar moscas a cañonazos»– hasta que las encuestas de opinión le aconsejaron ponerse a la cabeza de la manifestación, volvió a arremeter contra la labor del Gobierno de la Nación en la solución de la crisis separatista en Cataluña, calificándola de displicente e insinuando complicidades inicuas con los nacionalistas por parte del Ejecutivo. Por una parte, parece obviar Rivera que la aplicación del artículo 155 no implica el establecimiento de un estado de excepción que suspenda las garantías constitucionales de los catalanes, y por otra, que el objetivo que buscaba el Estado, el restablecimiento del orden jurídico y democrático, está básicamente cumplido con la elección del nuevo Parlamento autonómico, en el que, pese a haber resultado el partido más votado, Ciudadanos ha preferido mantener un inexplicable perfil bajo. También quiere ignorar Albert Rivera que el Gobierno de la nación no puede interferir en los procedimientos judiciales en curso y que cualquier iniciativa en este sentido debe contar con el máximo respaldo jurídico. Así, como hoy publica LA RAZÓN, los Servicios Jurídicos del Estado habían desaconsejado la interposición de un recurso contra el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín, que es la excusa alegada por Rivera para retirar su aplicación al 155, semanas antes, todo hay que decirlo, de que probablemente periclite. Los juristas del Estado admiten el riesgo de un dictamen contrario del Tribunal Constitucional que, sin duda, sería utilizado en su favor por los separatistas con los alardes propagandísticos de rigor. Sin duda, puede Rivera tratar de envolverse en la bandera del patriotismo, pero ello no le legitima para acusar al Partido Popular de mantener increíbles, por su trayectoria, posiciones filonacionalistas. Haría bien, como le indicó Mariano Rajoy, en imitar la postura de los socialistas, cuya lealtad, no exenta de críticas razonables, al Gobierno de la nación en la defensa de la Constitución y la democracia no presenta dudas.