CDC

Juntos por el «tres por ciento»

La Razón
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Los registros llevados a cabo ayer por la Guardia Civil en la sede de CDC y en la de su fundación, CatDem, así como en cuatro ayuntamientos catalanes, no sólo cuentan con los correspondientes permisos judiciales, sino que responden a una investigación abierta desde hace casi un año y que ya llevó a la detención el pasado mes de julio de varios empresarios y políticos vinculados con la formación nacionalista que preside la Generalitat de Cataluña. No hay, por lo tanto, justificación alguna para los juicios de intenciones promovidos desde los movimientos independentistas catalanes que, como era de esperar, no han tardado en vincular la acción de la Justicia con una supuesta conspiración del Estado para perjudicar a la opción separatista en la que, de la mano de Artur Mas, se ha embarcado Convergència. No. Lo único cierto es que los jueces van desentrañando poco a poco la red de clientelismo político, adjudicaciones irregulares y tráfico de favores montada por CDC desde hace décadas y que, entre otros objetivos, visaba la financiación ilegal del partido fundado por Jordi Pujol i Soley. Una trama que el socialista Pascual Maragall describió gráficamente en el Parlamento de Cataluña como «el problema del tres por ciento», aunque, luego, no quisiera, o se atreviera, a ir más allá. Como en todos los casos de corrupción política, la investigación judicial hace frente a la dificultad de llegar al fondo de una trama sostenida por intereses mutuos y, necesariamente, protegida por el silencio cómplice de los implicados, con su consiguiente «tempo» jurídico que, casi nunca, coincide con el político. Lo que no quiere decir que la Justicia sea insensible a los condicionamientos del calendario institucional, como se demostró, sin ir más lejos, con la suspensión temporal de los distintos procedimientos abiertos por corrupción pública con motivo de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Excepción que sólo confirma la regla. Es probable que las nuevas actuaciones judiciales, que ponen el acento en el principal partido de Cataluña y, por ende, en su presidente, repercutan negativamente en las expectativas electorales de Juntos por el Sí, pero la responsabilidad corresponde en exclusiva a sus dirigentes que, lejos de colaborar con la Justicia, han optado por envolverse en la bandera del nacionalismo para desviar la atención de una opinión pública que, desde el escándalo de la familia Pujol, está al cabo de la calle del comportamiento de CDC y que no dejará de percibir la ironía que supone la coincidencia de los registros de la Guardia Civil con la operación propagandística que trata de presentar a Artur Mas como adalid de la lucha contra la corrupción y garante de la probidad pública de un hipotético gobierno soberano.