La Cataluña golpista se desvanece con el 155

A poco menos de una semana para las elecciones autonómicas en Cataluña, el presidente del Gobierno recordó ayer que la aplicación del artículo 155 de la Constitución estará en vigor hasta que se forme un nuevo gobierno en el territorio y que, como medida excepcional, no debe prolongarse mucho tiempo. Con ser todo eso cierto, lo limitado o no de la vigencia de la intervención del Estado en Cataluña no puede condicionar la actuación del Gobierno en pos de la imprescindible normalización en la gestión de la comunidad que debe pasar por, entre otras medidas, la erradicación de los instrumentos golpistas todavía activos. Por eso, en palabras de Mariano Rajoy, nos parece «ponderado y proporcional» que el Ejecutivo acordara ayer la liquidación del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, una red al servicio de la insurrección separatista fuera de nuestras fronteras, como también que suprimiera determinados preceptos tributarios pensados como el germen de la llamada hacienda catalana, componente de las denominadas estructuras de Estado promovidas por la administración sediciosa. El Gobierno está obligado a perseverar en esa política de desbrozar el edificio administrativo de Cataluña de elementos al servicio de un proyecto excluyente contra la democracia y la convivencia. Y debe hacerlo con el rigor y la firmeza necesarias. Sería decepcionante y doloroso que nos encontráramos con que el golpismo estructural pudiera sobrevivir al artículo 155.