La condena de López retrata a la dictadura socialista bolivariana

Aunque esperada, la pena de 13 años, nueve meses y siete días de prisión a la que ha sido sentenciado el líder opositor venezolano Leopoldo López, ha sido recibida con estupor e indignación por parte de todas las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos. Especialmente dura ha sido la condena del Gobierno español y de la oposición socialista, con una declaración del ex presidente Felipe González, directamente implicado en la defensa de López, en la que denuncia que Venezuela es una dictadura de facto. Incluso Pablo Iglesias, el líder de Podemos, formación que fue financiada en sus orígenes por el régimen bolivariano, ha mantenido posiciones de equidistancia, apelando a la libertad para el ejercicio de la política que debe asistir a todos los ciudadanos. Jurídicamente, el proceso al que ha sido sometido Leopoldo López no se sostiene, empezando por la magistrada encargada de dictar sentencia. Se trata de una juez provisional, nombrada por el Gobierno de Nicolás Maduro de forma arbitraria y, lo que es más significativo, despojada de la garantía de inamovilidad, puesto que puede ser destituida sin derecho a apelación. En cierto modo, la juez Susana Barreiros –que sustituye en el tribunal antiterrorista a la magistrada María Lourdes Afiuni, represaliada brutalmente por el régimen tras adoptar una resolución que no gustó al fallecido líder del nuevo socialismo Hugo Chávez– representa exactamente aquello en lo que se ha convertido el Poder Judicial venezolano, cooptado desde el Gobierno al igual que el resto de las Instituciones del Estado. Tanto es así, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya había anunciado el pasado mes de enero, en uno de sus programas de televisión de conexión obligatoria, que «el monstruo de Ramo Verde», en referencia al penal donde se halla encarcelado Leopoldo López, iba a ser condenado de acuerdo a las penas solicitadas por la Fiscalía. Sin embargo, no estamos sólo ante una injusticia flagrante, propia de un régimen autoritario como el que ha llevado a la ruina a Venezuela, sino ante lo que tiene toda la apariencia de ser una provocación consciente y buscada contra la oposición venezolana ante la proximidad de las elecciones legislativas, que deben celebrarse en el mes de diciembre. Una cita con las urnas en la que la mayoría de los sondeos pronostica una amplia derrota para el socialismo bolivariano, incapaz de mantener la red clientelar tejida durante los años de Hugo Chávez a causa de la caída de los precios del petróleo, de una nefasta política económica y de la corrupción generalizada a todos los niveles del Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Nada podría venir mejor a Nicolás Maduro, que se encuentra en sus niveles más bajos de popularidad, que un estallido de impaciencia en las calles por parte de los movimientos opositores para declarar un enésimo estado de emergencia y suspender el proceso electoral. Es imprescindible para el futuro de Venezuela que se celebren las elecciones, incluso bajo las condiciones de abuso institucional y de control de los medios de comunicación audiovisuales que impone el régimen. La comunidad internacional debe redoblar sus exigencias para que los comicios sean supervisados por observadores independientes, porque la condena de Leopoldo López no es más que otro paso hacia la consolidación definitiva de la dictadura socialista bolivariana.