La Constitución marca el camino

Hubo un momento en el debate de ayer en el Congreso en que la defensa de la Constitución volvió al espíritu que hizo posible su aprobación hace 35 años: ésta debe estar por encima de los intereses de los partidos porque es de todos y en su marco pueden gobernar opciones diversas. Lo dijo Mariano Rajoy en un discurso sobresaliente: más allá del programa político del Gobierno que preside y del partido por el que ha concurrido a las elecciones y tiene la mayoría en la Cámara, está la Carta Magna. Es ella la que impide conceder lo que ayer se tramitó: transferir al Parlament el artículo 150.2 para celebrar un referéndum en el que se preguntaría sobre la independencia de Cataluña, lo cual supondría la destrucción de la misma Constitución. Y fue aún más lejos: la Constitución sirve para defender la soberanía nacional del propio Gobierno, de cualquiera que quisiera cambiar derechos propios de una democracia avanzada como la nuestra en la que nadie está por encima de la Ley. Es decir, Cataluña no puede atribuirse el «derecho a decidir» por encima del conjunto de los españoles. Lo dejó claro por unanimidad el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia, pero ayer fue el momento de los argumentos políticos sobre la ilegalidad de fragmentar España por decisión de una parte de ella. La ilegalidad, la irracionalidad y el retroceso absoluto hacia un mundo cuarteado en fronteras. En lo fundamental, Rajoy y Pérez Rubalcaba estuvieron plenamente de acuerdo y su coincidencia sirvió para visualizar la esencia constitucional: «El primer principio es cumplir las leyes», lo dijo el líder del PSOE y lo dijo el presidente del Gobierno cuando añadió que transferir una competencia para ir contra la integridad del Estado es imposible. Ayer quedó una cosa clara: el Gobierno puede abrir un diálogo constructivo con Artur Mas dentro del marco constitucional, como quedó reiteradamente expresado, pero ahora mismo hay un universo conceptual entre el mundo nacionalista catalán y el constitucionalismo español representado ayer en las Congreso. Rajoy tuvo que decir algo básico que el marco político del nacionalismo no llega a entender: «Soy y seré el presidente de todos los españoles». Incluidos los catalanes. O dicho con sus propias palabras: «La autonomía no da propiedad sobre el territorio, sino la obligación de gobernar conforme a la Ley». Es decir, no se puede defender en el Parlamento nacional el «derecho a decidir», como ayer hicieron los tres representantes del Parlament, sobre la base de que «España oprime a Cataluña». De ahí que Rajoy tuviera que recordar que sin la verdad por delante es imposible dialogar, es decir, hablar de las mismas cosas: no es verdad que España oprima a Cataluña, que se persiga su lengua y su cultura, que se bloquee su desarrollo autonómico y que se le dé un trato discriminatorio. Los tres discursos expuestos por los representantes del Parlament de Cataluña tuvieron algo en común: ninguno, en ningún momento, empleó la palabra «diálogo». Fueron un listado emotivo de agravios, con recursos retóricos que sólo conmueven a los nacionalistas más entregados, un trámite sin sustancia política y que evidenció la verdadera crisis institucional que vive Cataluña: el presidente de la Generalitat no quiso defender en las Cortes su gran proyecto y prefirió atrincherarse detrás de tres voluntariosos diputados que expresaron a la perfección el «unanimismo» que vive la sociedad catalana: abarcan desde la derecha a la izquierda. Lo más terrible es volver a oír que Cataluña ha emprendido un «camino sin retorno» (idéntica expresión empleó Ibarretxe en las Cortes en 2005; cuatro años más tarde, retiró su plan y perdió las elecciones...). Rajoy eludió ese lenguaje tenebroso y confuso y actuó con sentido de Estado: «No se cierra ninguna puerta, que además siempre ha estado abierta». Duran Lleida, portavoz de CiU, le preguntó a Rajoy qué espera para negociar. La respuesta la tiene él mismo: bajo presión, el Gobierno no se sentará con nadie. «Puedo dialogar sobre todo aquello que me autoriza la Constitución, como Mas», dijo Rajoy. El debate tuvo una virtud: se habló con claridad y conscientes de que sólo desde la Constitución puede haber diálogo. Tuvo que ser Rubalcaba quien dijera en Madrid lo que sus compañeros del PSC en Barcelona no querían decir abiertamente: que estaba en contra de la independencia y la autodeterminación. Artur Mas y el conglomerado nacionalista han anunciado que seguirán su «hoja de ruta», pero lo cierto es que ahora tienen la posibilidad de replantear su plan secesionista. Cataluña no ha vivido mayor autogobierno en su historia que el que le otorgó el Estatuto a través de la Constitución. Cuando Rajoy dijo ayer que él creía más en Cataluña que los nacionalistas, parecía que estaba indicando el camino: la sociedad catalana tiene fuerza para salir del marco al que el nacionalismo la constriñe.