La corrupción cerca a Susana Díaz

La inhabitual recusación de una juez, María Núñez Bolaños, que investigaba una de las piezas de la macrocausa de los ERE, ha dado un giro espectacular a uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente. En efecto, su sustituta, Pilar Ordóñez Martínez, ha hallado indicios de que no fue sólo la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía la que desviaba fondos públicos a través de la agencia IDEA, sino que se trataba de una práctica extendida a todos los departamentos del Gobierno autónomo andaluz. Las primeras averiguaciones permiten calcular el desfalco en unos 4.300 millones de euros, mediante transferencias irregulares llevadas a cabo entre los años 2000 y 2011, lo que, de probarse, supondría la existencia de un «fondo de reptiles» descomunal, utilizado por el PSOE de Andalucía, –como en el caso de los ERE y de los fondos europeos de empleo– para engrasar su acendrada política clientelar. El escándalo presenta, además, un doble reproche, puesto que, por una parte, hablamos de desvío de fondos y, por otra, de una política perversa que incentivaba con dinero público la destrucción del tejido productivo en la comunidad andaluza, no sobrada, precisamente, de puestos de trabajo. No es, por lo tanto, sólo una caso más de corrupción de los que afectan a la Junta de Andalucía –algunos tan pintorescos como el de los prostíbulos–, sino el paradigma de una forma patrimonial de entender la administración pública que explica, sin duda, por qué los socialistas han mantenido el poder en la región durante 36 años, pero, también, por qué Andalucía presenta los peores indicadores económicos y sociales de España. Que, ayer, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya metida de lleno en la campaña electoral, prometiera, textualmente, «la agilización de los trámites administrativos y la reducción de las trabas burocráticas para el sector agroalimentario andaluz», cuando han sido los gobiernos socialistas, incluido, por supuesto, el suyo, quienes han creado a lo largo de cuatro décadas de poder una de las marañas burocráticas más inextricables de España, demuestra hasta qué punto el discurso político está fuera de la realidad. Por supuesto, el panorama judicial, con la vista oral por los ERE entrando en su fase final con las periciales, explica, al menos tácticamente, el adelanto de las elecciones autonómicas decidido por la presidenta de la Junta, aunque existan otras razones de carácter político, incluso internas, que justifiquen la decisión. Sin embargo, se trata de una pobre respuesta ética ante unas situaciones que, cuando menos, exigirían la asunción plena de responsabilidades y la dimisión de quienes han desempeñado altos cargos en el PSOE andaluz durante las últimas décadas y no están, por las razones que sean, sentados en el banquillo de los acusados. Pero la exigencia ética no parece ser la misma cuando la reclaman los socialistas a sus adversarios políticos de la derecha popular que cuando la corrupción rezuma entre sus filas. Es una doble vara de medir que afecta a toda la izquierda española y que hace decir a una candidata a la Junta de Podemos, como Teresa Rodríguez, que prefiere un PSOE debilitado, al que arrancar concesiones presupuestarias con el mismo aroma clientelar, antes que abordar el feo fondo del asunto. Cabe esperar una reacción de la ciudadanía el próximo 2 de diciembre, cuando está convocada a las urnas, y cabría, aunque es más dudoso, que Ciudadanos y Podemos aplicaran el mismo rasero a todos los casos de corrupción. Forzosamente, las elecciones en Andalucía se verán salpicadas por las distintas actuaciones de los jueces, aunque el calendario judicial, especialmente en lo que se refiere al proceso de los ERE, favorezca a la candidata socialista. Pero es de esperar que los electores lo tengan en cuenta.