La declaración de Rajoy desmonta la manipulación judicial del PSOE

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Ayer, en la Audiencia Nacional, cualquier observador desapasionado pudo comprobar en qué derivan ciertos mecanismos legales adoptados desde la buena voluntad cuando personas e instituciones con poco sentido de la responsabilidad cívica los instrumentalizan en beneficio propio. Nos referimos, por supuesto, al comportamiento de las acusaciones populares, todas ellas vinculadas de una u otra forma al PSOE, en la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la vista oral de una de las piezas del «caso Gürtel». En ningún caso, el interrogatorio de los letrados socialistas buscaba el esclarecimiento de la verdad sino, como reconoció paladinamente uno de los abogados, provocar la contradicción del testigo con el objetivo de abrirle un procedimiento por deducción de testimonio. Tanto el tono de los interrogadores, como el contenido de las preguntas, eran más propios de quien se dirige a un procesado que a un testigo sobre el que la instrucción judicial ha dejado completamente al margen. Descontada la posible repercusión política de esa estrategia sectaria, las acusaciones populares se encontraron con el testimonio firme, contundente en ocasiones y muy clarificador de Mariano Rajoy que no eludió ninguna pregunta y que, al contrario de otros ex secretarios generales del PP también requeridos como testigos, no se limitó a responder con monosílabos, sino que argumentó sus respuestas, las contextualizó e hizo gala a una memoria excelente sobre las cuestiones planteadas. Incluso se hubiera explayado más, de no haber mediado el presidente del Tribunal juzgador que en numerosas ocasiones tuvo que llamar al orden a los letrados, recordándoles el objeto del proceso y los límites de la acción jurisdiccional. Con independencia de que, en nuestra opinión, hubo un exceso de permisividad con las acusaciones por parte del magistrado Ángel Hurtado, que permitió que se formularan preguntas sobre cuestiones ajenas al objeto juzgado, en términos generales su actuación fue correcta e impidió que la comparecencia del testigo se convirtiera en un despropósito, más propio de otros ámbitos de la vida pública que de una sala de audiencia. En definitiva, que no se podrá reprochar a Rajoy que no haya demostrado su predisposición a colaborar lealmente con la Justicia ni otorgar el beneficio de la duda a las intenciones de quienes con tanto ahínco han buscado su comparecencia en un proceso judicial en el que ni siquiera tenía participación tangencial. Como era de esperar, la pinza partidaria se completó con las «valoraciones» de los representantes de la oposición ante el hecho, ciertamente inusual, de la comparecencia como testigo de un presidente de Gobierno en ejercicio. No es cuestión de comentar lo obvio, puesto que en ningún caso los hechos iban a modificar la estrategia previa de la izquierda socialista, aferrada al único argumento de la corrupción ante su incapacidad de presentar alternativas políticas o económicas creíbles a la eficaz gestión gubernamental, pero sí señalar la inanidad de la intervención del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no sólo ya se había descalificado cuando se permitió el desahogo de acusar gratuitamente de corrupto al presidente del Gobierno, que, hay que insistir, no está incurso en procedimiento alguno, sino que estaba doblemente representado por sus letrados socialistas en la sala de audiencia. Como señalábamos al principio, el espectáculo vivido ayer del uso torticero de un instrumento bienintencionado, aunque insólito en el ámbito judicial europeo, como es la acusación popular, debería llamar a la reflexión y a su reforma.