La democracia se defiende con la ley

Es sintomática la «desconexión» que el independentismo catalán, empezando por el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament, mantienen con la legalidad democrática. En parte, define el carácter mesiánico del nacionalismo, que sigue conservando su raíz decimonónica y sediciosa. Se sorprenden de que dislates legales como la declaración, de enero de 2013, de Cataluña como «sujeto soberano», lo que suponía un desafío abierto a la Constitución y al artículo 1.2 que declara que la soberanía reside en el pueblo español, haya sido suspendida. Se sorprenden de que el TC anulase el pasado 2 de agosto la resolución del Parlament que marcaba la hoja de ruta para la ruptura con España. Se sorprenden, por último, de que la Fiscalía haya solicitado al Alto Tribunal que informe a los tribunales competentes de la actuación de Carme Forcadell, por si pudiese tener responsabilidades penales. Ayer, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, hizo mención a que el «desafío al Estado de Derecho y al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas» y que actuará «ante los tribunales penales, si fuera el caso». La voluntad de desobedecer la legalidad y de crear «estructuras de Estado» es continua. La Cámara catalana redobló su provocación con la creación de la Agencia Tributaria propia y el anuncio de abrir cuatro nuevas «embajadas».