La entrega de Puigdemont no admite demora

Ayer, la juez Carmen Lamela activó los procedimientos legales para reclamar a las autoridades judiciales de Bélgica la detención y entrega de Carles Puigdemont y de los cuatro ex consejeros de la Generalitat que permanecen huidos. Pese a las poco gratas experiencias pasadas con la actitud obstruccionista de algunos magistrados belgas, la amplia lista de delitos presuntamente cometidos por los fugitivos debería ser suficiente para que Bruselas cumpliera con sus compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea y, sobre todo, con la lealtad debida a un socio y aliado que, por supuesto, está investido de la legitimidad de un Estado de derecho y de la razón. No puede haber, además, excusas legales para retrasar la entrega de unos individuos que, desde sus cargos institucionales, han atentado gravemente contra la Constitución de un país democrático que, como también ocurre en la legislación belga, consagra su unidad nacional. Por lo demás, no satisfecho con su intento de destruir España ni con haber reabierto la crisis institucional de Bélgica, donde la extrema derecha nacionalista flamenca siempre acaba por tirar al monte, Puigdemont actúa de francotirador sobre las exhaustas huestes del PDeCAT y se propone como candidato a las próximas elecciones autonómicas, dispuesto a llevar la campaña electoral desde el extranjero.