La escuela manipulada

Dos decisiones relativas al ámbito de la escuela, una dictada en el País Vasco y la otra en Cataluña, demuestran hasta qué punto los partidos nacionalistas utilizan la enseñanza como medio de adoctrinamiento, creando, cuando menos, un conflicto de dudosas consecuencias para muchos alumnos muy jóvenes, la mayoría, obligados a percibir dos realidades contrapuestas: la de las aulas y la que viven en su ambiente familiar y social. Así ocurre en el País Vasco con el llamado «Plan de Paz en Educación», que desde el Gobierno del PNV equipara, en una equidistancia de clara intencionalidad ideológica, a las víctimas del terrorismo etarra con los denunciantes de supuestos «abusos policiales», en gran parte rechazados por los jueces, como si ambas circunstancias tuvieran el mismo peso en la explicación de la violencia. Se trata, una vez más, de relativizar la tragedia, «blanqueando» a los asesinos y hurtando a los escolares la comprensión cabal de lo sucedido, no sólo en sus calles y entre sus vecinos, sino en el conjunto de España. Imponer, en definitiva, un relato de los hechos que busca paliar la derrota de los terroristas. Mientras, en Cataluña, asistimos al enésimo acto de desobediencia a las sentencias de los tribunales por parte de la Generalitat, que ayer anunció que no pensaba cumplir con lo dispuesto por el TSJC, que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano, siempre que un alumno lo solicite y con incidencia en toda el aula. La resolución del Tribunal de Cataluña viene amparada por la sentencia del Tribunal Constitucional del mes de julio de 2010, con referencia al Estatuto de Autonomía, por la que se establece la equiparación del catalán y el castellano como lenguas vehiculares de la enseñanza. La obcecación de los nacionalistas en negar, bajo los argumentos más falaces, el derecho constitucional que ampara a cualquier escolar español y a sus familias a estudiar en la lengua oficial del Estado, trasluce cuáles son los fines reales buscados con la inmersión lingüística: crear la percepción entre los alumnos de que el castellano es un idioma ajeno, que es preciso conocer pero que, como tal, no puede representar los valores de Cataluña. Con esa presión, ejercida especialmente en la enseñanza pública y concertada, sobre niños que proceden de hogares castellanoparlantes, se pretende marginar la lengua materna del uso social «normalizado», reduciéndola al ámbito privado, dentro del proyecto de construcción del soberanismo. Asimismo, la negativa explícita a cumplir con las sentencias afianza la creencia de que la Generalitat no está sujeta a la Justicia ordinaria «española». Es preciso que los tribunales obliguen al cumplimiento estricto de lo dictado. Sólo entonces sabremos cuántas familias, ahora coartadas por la imposición, eligen y deciden en libertad.