Editoriales

La Generalitat «indultará» a sus presos

Los partidos independentistas catalanes, ERC y PDeCAT, ya han elegido su candidato: Pedro Sánchez debe continuar en La Moncloa porque es el que puede asegurar, si no un diálogo no se sabe en qué términos, sí aminorar en lo posible la pena de los procesados por el golpe del 1-O. Su voto fue necesario para que triunfara la moción de censura y no han dudado en anunciar que lo seguirán apoyando. Sobre esta cuestión el PSOE no quiere saber nada porque es consciente de que una parte de su electorado no entiende esta alianza con los que declararon la independencia unilateralmente, tal y como quedó reflejado en la caída del socialismo en las elecciones andaluzas. Sánchez y sus estrategas no quieren ni oír hablar de su entente con los secesionistas, aunque son éstos los que no lo van a ocultar y, sobre todo, poner precio a su voto favorable en una nueva investidura. El secretario general del PSC, Miquel Iceta, como cerebro de una estrategia de apaciguamiento y aproximación al independentismo, fue el primero que puso encima de la mesa, algo precipitadamente –o no–, la posibilidad del indulto. Aunque luego se retractó, el mensaje quedó claro: esa es la única medida que puede pacificar la situación en Cataluña. La segunda fue la de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, (septiembre de 2018). La tercera fue, en la misma fecha, una corrección de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que marcó los tiempos: «El Gobierno respeta los procedimientos judiciales y lo que no hará es anticipar escenarios». Ahora no toca. El indulto no es la única vía, que además tiene una complejidad técnica y coste institucional muy alto al tratarse en una medida de gracia de carácter político. El PSOE es el único de los grandes partidos que concurren a las elecciones que no contempla en su programa recuperar las competencias en materia penitenciaria transferidas a la Generalitat. El ejemplo más claro en la aplicación del tercer grado fue el de Oriol Pujol, que apenas en dos meses fue puesto en libertad tras ser condenado a dos años y seis meses por corrupción. La concesión del tercer grado directo sin ni siquiera cumplir la mitad de la pena es una atribución de la Ley General de Penitenciaria que el PP quiere modificar en algunas partes de su articulado, especialmente el 72.6, para que obligue a los condenados a asumir su delito como condición de su puesta en libertad. A lo largo del juicio en el Tribunal Supremo hay muestras constantes por parte de los encausados por el 1-O de que volverían a cometer el delito, incluso en la carta que hicieron público cuatro de ellos el pasado sábado hablan de «culminar» los hechos por los que son juzgados. Hay que partir, además, de un hecho revelador de las intenciones de la Generalitat: el propio director general de los Servicios Penitenciarios exhibe un lazo amarillo como símbolo de la causa de los presos que él mismo debe custodiar. Por lo tanto, éstos podrían beneficiarse en unos meses del segundo grado al no ser considerado presos peligrosos. Ni siquiera sería insalvable en caso de que fuesen condenados a penas superiores a cinco años –lo que obligaría a cumplir la mitad–, dado que se les faculta para aplicar el artículo 100.2, en el que bastaría con aducir razones particulares de cada preso, sólo a falta de la aprobación del juez de vigilancia penitenciaria. El PSOE sabe que estas vías están abiertas y no pondrá ningún impedimento para que, una vez haya sentencia del Tribunal Supremo –que se supone no irá más allá de junio–, los condenados cumplan las penas en prisiones catalanas bajo un régimen penitenciario aplicado por la propia Generalitat controlada por los independentistas. La investidura de Sánchez sí tendrá un precio.

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