La hora de la Fiscalía en el 1-O

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó ayer dar por terminada la investigación abierta sobre los dirigentes del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración de independencia del 27 de octubre. A la vez, ha ordenado suspender de funciones a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cuatro diputados procesados por rebelión que están en prisión: Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. Llarena explica en su auto que ahora depende del Parlament que los diputados suspendidos puedan ser sustituidos por candidatos de sus respectivas listas, aunque cabría la posibilidad de desobediencia, lo que automáticamente supondría que las votaciones de la cámara catalana dejarían de tener validez. Esta última posibilidad supondría llevar a una callejón sin salida a la institución. Se trata de una medida provisional diferente a la inhabilitación, que sólo se ejecutará tras la condena en firme, y que se aplica para impedir que «personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad». Lo fundamental, sin embargo, es el final de la instrucción que ha llevado el juez Llarena ejemplarmente, a pesar de los problemas derivados de la importancia del caso, lo que ha provocado la inadmisible presión política y las coacciones sufridas desde el independentismo. El juez instructor pierde desde este momento la competencia sobre la causa, de la que se hará cargo la sala que juzgará a los líderes separatistas. En este punto se abre la intervención de la Fiscalía General del Estado que, tras la llegada de su nueva titular, María José Segarra, es una incógnita si va a dar un giro en la posición del Ministerio Fiscal sobre la causa del 1-O. El primer trámite, que es la conclusión de la instrucción, ya se ha producido; a continuación se abre la fase procesal consistente en la calificación de los hechos que han sido investigados. Es a la Fiscalía, una vez se abre el juicio oral, a quien le corresponde en primer lugar concretar los hechos punibles derivados de la instrucción, su calificación jurídica y responsabilidad penal. Desde que en octubre de 2017 el desaparecido fiscal general José Manuel Maza presentara en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sendas querellas por rebelión, sedición y malversación contra los dirigentes independentistas se ha mantenido la unidad de criterio entre la fiscalía y la magistratura –salvo cuando el anterior titular, Julián Sánchez Melgar, pidió la puesta en libertad de Forn por motivos de salud y la Fiscalía de Supremo se opuso a ello–, por lo que lo más lógico para el normal desarrollo de la causa sería seguir manteniendo el mismo criterio. Sin embargo, Segarra podría cambiar de posición –de hecho, ya advirtió en su comparecencia en el Congreso para formalizar su nombramiento por el Gobierno de Pedro Sánchez, que la causa del 1-O es su prioridad– lo que abriría una situación comprometedora, si se tienen en cuenta las palabras del Presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. Ayer, un día después de su entrevista con Pedro Sánchez en La Moncloa, tuvo el descaro de decir que «hay muchos entes judiciales y políticos que tienen incidencia sobre la libertad de la gente; esperamos ver cómo se mueven estos entes». Es más, emplazó a que el Gobierno tome decisiones que afecten a los casos abiertos por el 1-O, siendo ésta la prueba de «si estamos ante un cambio de ciclo o de intenciones que van más allá de las palabras». Torra deja en evidencia a Sánchez.