La Iglesia en la encrucijada política

El 70,7 por ciento de los españoles se declaran católicos, en diferente grado de cumplimiento, pero educados en los valores de la Iglesia. Sin embargo, nunca ha habido la intención de imponer su creencia al conjunto de la sociedad. En este sentido, los católicos han sido escrupulosos en los preceptos marcados en nuestra Constitución que, a la postre, es la norma legal que nos asegura la libertad religiosa. La Carta Magna fue gestada en un ambiente de diálogo y aseguró que no hubiese privilegios ni exclusiones en lo que se refiere al culto religioso, como señaló ayer en la Casa de LA RAZÓN el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez. Quiso que sus palabras quedaran contextualizadas en la actual situación política, en un momento de incertidumbre en el que abundan las descalificaciones que, según señaló el también cardenal arzobispo de Valladolid, sólo demuestran debilidad. En esta encrucijada debería imponerse el diálogo y la «generosidad» a la hora de constituir una mayoría de gobierno y hacer prevalecer «el bien común sobre los intereses particulares». De manera gratuita e irresponsable se han removido cimientos en los que se basan nuestra convivencia, como ha señalado monseñor Blázquez, por lo que no hay otro objetivo que «evitar la división de la sociedad» que algunas estrategias partidistas están propiciando. Por lo tanto, no se puede excluir a la mitad de la ciudadanía alegremente en aras de un laicismo «disolvente» y mal entendido. La situación política actual es propensa a la demagogia y a exacerbar los demonios tradicionales de la izquierda más radical. La Constitución es la mayor garante del derecho a desarrollar libremente las creencias religiosas. «Nos sentimos protegidos como personas, como españoles y como católicos», apuntó monseñor Blázquez, y es desde este ámbito legal, pero sobre todo de consenso, desde donde debe preservarse el sentido aconfesional del Estado. Es decir, son las instituciones públicas las que deben ser laicas y no la sociedad y los ciudadanos que la forman. La Iglesia católica ha sido objetivo de ataques desde el conjunto de la izquierda, atribuyéndole privilegios que no se corresponden con la realidad, ni con su compromiso social, como ha sido la educación. La libertad de enseñanza (artículo 27 de la Constitución) no es una concesión, sino un derecho y un servicio a los alumnos, a las familias y al conjunto de la sociedad. Monseñor Blázquez ha planteado un «laicismo positivo», avalado por sentencias del Tribunal Constitucional en las que se ha destacado la cooperación y neutralidad de la Iglesia en un momento en el que es fácil exhibir un anticlericalismo vacío y fundamentalmente intolerante. Esa visión abierta de la laicidad es la que ha permitido mantener y fortalecer los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado –acuerdos que, además, fueron ampliados desde 1992 a las confesiones judía y musulmana–, cuya revisión, incluso anulación, piden algunos partidos. Sin estos cimientos, «nuestra convivencia se volverá insegura», apuntó el presidente de la Conferencia Episcopal. En definitivia, tan perjudicial es el fundameentalismo intolerante como el «laicismo disolvente». Que los valores cristianos prevalezcan sobre un mercantilismo desbocado es lo que está propiciando la crisis abierta por los refugiados y la nefasta salida de la Unión Europea. Monseñor Blázquez pidió «no olvidar las raíces grecolatinas, cristianas y también de la Ilustración» de Europa, la que defiende los derechos del hombre y, entre ellos, el religioso. En nuestro contexto político conviene no olvidar que sólo la tolerancia y el diálogo son garantía de libertad religiosa.