La incoherencia de Ciudadanos

El Congreso ha tomado en consideración la iniciativa legal presentada por Ciudadanos de la «Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de denunciantes», que, entre otras cuestiones, establece que deberán renunciar a sus cargos públicos quienes sean procesados por delitos de corrupción o, en su caso, se les haya señalado la apertura de juicio oral. Más allá de las consideraciones jurídicas y políticas que cabría hacer a una legislación que anula de hecho unos de los derechos individuales consagrados en la Constitución –como es el de la presunción de inocencia, que sólo se enerva ante el caso juzgado y sentenciado–, la propuesta defendida en la Cámara por el líder del partido naranja, Albert Rivera, demuestra, cuando menos, la incoherencia de Ciudadanos a la hora de abordar el problema en cuestión. Vaya por delante que, puestos a elegir el mal menor, nos parece mucho más adecuado que un representante político no se vea abocado a renunciar a su cargo, más si ha sido elegido en las urnas, hasta que se haya formalizado en su contra un procesamiento judicial que, en la mayoría de los casos, desemboca en acusación y vista oral. Se entiende, pues, que el auto de procesamiento responde a la existencia de indicios delictivos lo suficientemente sólidos como para forzar la renuncia del acusado, a quien se le exige, por su calidad de representante público, una mayor ejemplaridad que al resto de los ciudadanos. Por otra parte, se trata de aplicar el principio elemental de precaución ante el hecho patente de que muchas denuncias de corrupción contra cargos públicos responden a intereses espurios dentro de la mera pugna partidista. La experiencia nos dicta que la posterior decisión judicial, por muy favorable que sea al político denunciado, ni sirve para restituirle en su cargo ni restaura el prestigio manchado. Desde esta perspectiva, la iniciativa legal de Ciudadanos nos parece un avance en la buena dirección, que, sin duda, colaborará en la restauración de la imagen de los políticos españoles ante el conjunto de la sociedad y desalentará el recurso fácil a los titulares judiciales para atacar al adversario político. No se trata, por supuesto, de amparar lo más mínimo la corrupción, lacra indeseable que llega a afectar a la propia confianza en el sistema democrático, sino de procurar que las aguas vuelvan a su cauce y se dejen de emplear las acusaciones cruzadas de corrupción como arma arrojadiza en la vida pública. Pero si Ciudadanos quiere ser creíble, debe actuar en consecuencia con sus propias propuestas y, sobre todo, evitar el doble rasero a la hora de exigir responsabilidades. Lo que vale para el caso del alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, investigado por un juez de Sevilla por un presunto delito de corrupción, debe valer para el presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que se encuentra en la misma situación procesal. Es decir, si Ciudadanos mantiene su apoyo al primer edil granadino, debe hacer lo mismo con el presidente murciano, aunque sólo sea porque ninguno de los dos representantes públicos se encuentra formalmente procesado ni, mucho menos, se le ha señalado vista oral, que son las condiciones que, según la iniciativa legal presentada por Albert Rivera al Congreso, obligaría a ambos políticos a presentar su renuncia, aunque no hayan sido, insistimos, juzgados ni condenados. Nuestro ordenamiento jurídico estableció la figura del «imputado» –ahora «investigado» tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– como una medida de protección del derecho a la defensa de los encausados. El hecho de que su finalidad haya sido pervertida obliga a restaurar esa garantía individual.