La reforma del TC frente a excusas de leguleyo

La línea de defensa escogida por Artur Mas frente al tribunal que instruye sus presuntos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación, aunque más propia de un leguleyo que de un representante público, muestra a las claras la oportunidad de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional llevada a cabo por el Gobierno. En efecto, Mas se excusa en una supuesta pasividad institucional y gubernamental que no llevó a cabo acción positiva alguna para impedir la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación. Sin entrar en la falacia que supone esta argumentación, puesto que el presidente de la Generalitat conocía perfectamente la providencia dictada por el Tribunal Constitucional en tiempo y forma suspendiendo tal consulta, lo que importa es que, a partir de la decidida acción emprendida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el TC tiene ya la facultad para sancionar o suspender de sus funciones a quienes incumplan sus resoluciones, sin necesidad de recurrir a la Justicia ordinaria. Como ocurre con las nuevas formas delincuenciales, donde las leyes deben ir ajustándose a la amenaza del delito, la Justicia española puede ahora responder a conductas que parecían imposibles, como la de un alto representante del Estado que no sólo se niega a cumplir la Ley, sino que blasona de ello.