La reforma que España precisa

Sólo la ceguera política explica el rechazo frontal a una ley que trata de corregir un sistema educativo causante del abandono escolar temprano de una cuarta parte de los alumnos. Lo expuso ayer con claridad meridiana el ministro de Educación cuando, frente a la algarabía demagógica de la mayor parte de las intervenciones parlamentarias, explicó que no había peor exclusión social que la que sufrían los jóvenes españoles apartados por un sistema ineficaz y excesivamente rígido, como es el de la Logse. Una lacra que, además, afecta en mayor medida a los estudiantes que proceden de las capas sociales menos favorecidas. Pero ni la argumentación ni la pertinaz lluvia de datos y cifras –muchas de ellas procedentes de organismos de evaluación internacionales, que describen un sistema aquejado de graves deficiencias– encontraron eco en una oposición que, por exclusivas razones ideológicas, ha hecho de la reforma educativa uno de los caballos de batalla contra el Gobierno. Ni siquiera pueden justificarse en la falta de inversiones, puesto que el esfuerzo que ha llevado a cabo la sociedad española en el campo de la Educación, esfuerzo impuesto por la necesidad de recuperar un retraso secular, ha sido extraordinario, hasta el punto de que España dedica en sus Presupuestos un 15% más por alumno que la media de los países de la OCDE. Tampoco se puede argüir sobre el desempeño del profesorado, con todas las excepciones a la regla que se quieran, puesto que nuestros maestros se encuentran entre quienes más horas lectivas imparten y la ratio alumnos/profesor es inferior a la del resto de los países comparados. No, lo que ha fallado es una ley socialista que esteriliza el sacrificio de la sociedad y que, so capa de un pretendido igualitarismo, ha degradado los conocimientos exigidos, el rigor y el esfuerzo académico. Una ley que ha tolerado, año tras año, que un 40% de los alumnos sean repetidores –frente al 5% que presenta Finlandia–, con un gasto añadido en los últimos 15 años que se cifra en 24.000 millones de euros. Desmesura e ineficacia a los que era necesario poner freno. La nueva legislación aprobada ayer en el Congreso no pretende revolución alguna, lo que tal vez sea su mayor crítica, sino una vuelta al rigor académico, a la autoridad del profesorado, a la autonomía de los centros frente a las injerencias políticas y, sobre todo, a la flexibilización de las salidas en un sistema que vive de espaldas a la realidad y que había conseguido inutilizar la Formación Profesional. También trata de corregir las disfunciones que la fragmentación autonómica ha venido suscitando, y no sólo en Cataluña, con medidas que pretenden dar cumplimento al mandato constitucional por el que todos los españoles tienen igualdad de derechos y deberes, no importa el lugar de España en el que habiten.