La unidad de España no se negocia

Que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cerrara el XVIII Congreso del Partido Popular con una amplia reflexión sobre la situación en Cataluña sólo debería extrañar a quienes se hayan creído el falso discurso de la indolencia del Ejecutivo frente al grave desafío planteado por los separatistas catalanes desde las propias instituciones públicas, como la Generalitat. Por el contrario, Cataluña ha sido objeto de la constante preocupación y seguimiento por parte de los Gobiernos de Mariano Rajoy, demasiadas veces criticados por quienes actuaban desde una cómoda equidistancia de tintes electoralistas o desde posiciones radicales que a nada conducían. La posición del Gobierno central ha sido, sin embargo, impecable, porque, entre otras cosas, ha evitado caer en la trampa soberanista que pretendía que se identificara al conjunto de los ciudadanos de Cataluña con el movimiento separatista. Pero esa postura –que nace del respeto a la igualdad de todos los españoles a la que se debe el Gobierno de la Nación– no ha impedido que se instara al ejercicio de la legalidad cada vez que los representantes de la Generalitat o de otros organismos incumplían la ley. Ayer, Mariano Rajoy reiteró lo mismo que ha venido defendiendo desde que Artur Mas planteó el chantaje: que la unidad de España no puede ser objeto de negociación o comercio alguno y que no existe la democracia donde no se respeta la ley.