Las empresas ya pueden regresar a Cataluña

La decisión de la empresa vitivinícola Freixenet, la principal productora mundial de cava, de mantener su domicilio social en San Sadurní de Noya, Barcelona, debería transmitir confianza en la recuperación del orden constitucional en Cataluña y, por lo tanto, en el mantenimiento del marco jurídico español por encima de cualquier otro intento desestabilizador de los partidos separatistas. Una vez restaurada la democracia en el Principado, las razones que aconsejaron al tejido empresarial de Cataluña a trasladar su domicilio social a otros lugares de España han perdido vigencia. Si las firmas afectadas –1.883, hasta el pasado lunes, según datos oficiales del Colegio de Registradores de España– actuaron legítimamente en defensa de sus intereses empresariales, de los trabajadores y de los clientes, es preciso subrayar que el cambio de escenario abre la vía a un retorno, que se antoja necesario para recuperar la confianza de los actores económicos internacionales, en especial de los inversores, en el mercado catalán. Se trata de reparar lo antes posible el daño causado por el fallido golpe a la democracia del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en interés de los ciudadanos catalanes, pero, también, en el de todos los españoles, puesto que una Cataluña fuerte y próspera significa una España igualmente fuerte y creadora de riqueza.