Las redes deben comprometerse contra el delito

Existe la sensación asentada en la opinión pública –más allá de que sea justa o no, o de que responda a una cierta realidad–, de que los espacios anónimos, los recovecos opacos que proporcionan internet y las redes sociales favorecen una impunidad que el Estado de Derecho ha enfrentado con dificultad. Lo cierto es que la colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado en esos ámbitos no ha sido siempre la mejor, y que ha costado y aún cuesta un notable esfuerzo adentrarse en las cloacas y perseguir los comportamientos delictivos y a sus autores hasta lograr ponerlos a disposición judicial. También es verdad que se han experimentado progresos, que cada día hay una mayor conciencia social sobre el deber de denuncia entre los usuarios ante cualquier episodio sospechoso y que los filtros y los procedimientos de alarma funcionan con una eficiencia mayor. El último ejemplo ha sido la operación de la Policía Nacional en la que se ha detenido a 22 personas e investigado a otras 10, cinco de ellas menores de edad, por producir y distribuir pornografía infantil a través de Twitter, y en la que se han puesto al descubierto prácticas abominables y se ha constatado la inquietante vinculación entre los menores y la pornografía. En este caso, la investigación comenzó por un aviso de Twitter España tras la denuncia de un tuitero. Hablamos de compromiso individual y de la red social en cuestión y ése es un camino que necesitamos caminar con mayor asiduidad para que el imperio de la Ley se imponga por encima incluso de los blindajes del anonimato y el oscurantismo.