Debate de investidura

Lo que toca es formar Gobierno

La Razón
La RazónLa Razón

La intervención ayer del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, exigiendo al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, que fije la fecha de la sesión de investidura, no deja de ser un mero tacticismo con el que se pretende desdibujar el núcleo del problema, que no es otro que resolver si se dan o no las condiciones para que España pueda tener un Gobierno estable y, en el caso de una respuesta negativa, si hay que plantear la posibilidad de unas terceras elecciones. Todo lo que no sirva para despejar estas cuestiones, que son las que verdaderamente interesan al conjunto de la sociedad española, sólo responde a un reflejo electoralista fuera de tiempo. En este sentido, la insistencia del líder del PSOE en seguir librando una campaña electoral que debió dar por concluida con la apertura de las urnas en la noche del 26 de junio pasado, no hace más que conducir a esta confusión de términos en la que se pretende convertir el proceso de investidura parlamentaria en una suerte de horcas caudinas para el adversario político. Esconde, asimismo, una indefinible obsesión con la figura del actual presidente del Gobierno en funciones, hasta el punto de que pareciera que se pretende alcanzar por otra vía lo que no se consiguió a través de unas elecciones democráticas y libres. Está, por supuesto, en su perfecto derecho el Partido Socialista a la hora de mantener el rechazo a la candidatura popular, pero no cuando pretende esquivar las responsabilidades de su postura. Porque el culpable del bloqueo institucional que padece España no es Mariano Rajoy, el ganador de la elecciones, que está, además, obligado a atenerse a la aritmética del Congreso, sino Pedro Sánchez, que con su actitud ciega el camino a la gobernabilidad de la nación sin más razón aparente que la de cobrarse la cabeza política de quien le venció claramente en las urnas. No se entiende de otra forma la contumacia del secretario general socialista en repetir idénticos mensajes electorales, en mantener –como señalábamos en una reciente nota editorial– su táctica de descalificación global del PP y la exageración catastrofista de la situación social del país, que ya fueron sancionadas en las urnas. Es preciso insistir, pues, en que ni estamos en un tiempo electoral ni tiene utilidad pública alguna hacer oposición a un Gobierno en funciones que carece de capacidad legislativa. Estamos en el tiempo de cumplir con el mandato de los españoles y ésa es, y no otra, la responsabilidad que recae hoy en la figura del secretario general socialista. Pero por más que reconozcamos las dificultades objetivas a las que se enfrenta Pedro Sánchez a la hora de afrontar esa responsabilidad, la prioridad absoluta son los intereses generales de la nación. España, en efecto, no puede prolongar mucho más tiempo el actual estado de interinidad y mucho menos correr el riesgo de que se llegue al final del ejercicio sin haber aprobado los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Ésta es la gran diferencia, sin duda, con la legislatura fallida de diciembre: que ya no existe el colchón de unos presupuestos en vigor. Ciertamente, el Gobierno en funciones puede establecer el techo de gasto, pero es un instrumento que pierde su razón de ser sin el complemento de unas cuentas públicas que no sólo atienden a las necesidades de financiación y funcionamiento del Estado, sino que son una herramienta fundamental de la inversión pública en la economía nacional y enmarcan las previsiones de crecimiento del PIB y la reducción del déficit. Son, también, imprescindibles para cumplir nuestros compromisos con Bruselas, extremo al que no se le debe restar un ápice de importancia, por cuanto de nuestra credibilidad internacional depende el comportamiento de la inversión exterior y la confianza de los mercados financieros. El actual crédito de la economía española –que, pese a la situación de bloqueo político, sigue siendo la que más crece de entre los grandes países de la eurozona– corre el riesgo de perderse por el temor que genera en la comunidad internacional un proceso de inestabilidad política demasiado prolongado. Lo que está en juego, en definitiva, es el proceso de recuperación económica y la vuelta al equilibrio de las cuentas del Estado, sin el que no es posible avanzar en la mejora de los derechos sociales y en el progreso general de la sociedad española. Nadie pretende, mucho menos el propio Mariano Rajoy, que los partidos de la oposición entreguen un cheque en blanco al nuevo Gobierno. Como hemos señalado reiteradamente, los resultados electorales son los que son y esa premisa vale igual para el candidato popular, que no ha obtenido una mayoría suficiente. Lo que hay que hacer, lo que exigen los españoles, es salir del «impasse» y la manera, una vez que no ha sido posible un acuerdo de gran coalición, es que se forme el único Gobierno razonable a tenor de los votos. Para ello, el PSOE debe elevarse por encima de personalismos y, como líder de la izquierda española, disponerse a ejercer su decisivo papel de oposición.