Los derechos de la España vacía

Las pequeñas ciudades «de provincia» y el mundo rural en general no suelen ser un lugar atractivo para los políticos, que siempre hacen valer su cosmopolitismo como seña de progreso. Hay una consideración de segunda, como si el futuro al que todo ciudadano debe aspirar es vivir en la capital o en una gran urbe. Hay, además, una razón de peso, de demografía electoral: las elecciones generales no se ganan por el resultado de una provincia que sólo aporta dos escaños. En los últimos años se ha producido un cambio en la cohesión territorial: la despoblación ha avanzado ante la incapacidad de los políticos de entender el fenómeno, ni siquiera por sus efectos: descenso de los servicios, de las infraestructuras y de una merma de la igualdad de oportunidades. El desequilibrio es real y su agudización sólo puede conducir a que sean olvidadas por la ruta de los grandes mercados. Si la población española aumentó sobre un 36% desde 1975 –de 34,2 millones de habitantes a alrededor de 46,7 millones–, este crecimiento no ha sido igual en todo el territorio. Sirva el ejemplo de Soria, que en este mismo tiempo ha visto como se reducía su población en un 23%. Por contra, Madrid ha crecido un 73%, lo que ha supuesto el desarrollo de una ciudad avanzada y cosmopolita, pero también el modelo de los barrios dormitorios en su extrarradio, además de provocar una gran migración rural de provincias limítrofes. Hay 19 provincias españolas entre las menos densas de la Unión Europea, que corresponden en su mayoría a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja. Es decir, se trata del 44% de la superficie total de España; una tendencia que ha ido en aumento y que, pese a tímidas iniciativas, como una neorruralismo que proclama la vuelta al campo, no encuentra una manera de atajar el problema. La concentración de población en el litoral y en Madrid y la despoblación en las comunidades del interior es una realidad desde los movimientos migratorios del desarrollismo, pero el problema se ha acelerado en los últimos años. Los datos más recientes son claros: el 30% del territorio concentra el 90% de la población y casi el 62% de los municipios han perdido vecinos entre 2001 y 2017, según el Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico. Estos datos tendrán una consecuencia política de gran importancia en el contexto de la crisis territorial actual, y es que el mapa demográfico español tendrá efectos inmediatos en la financiación autonómica. El problema incluso va más allá porque la densidad de población en España se situó en 2016 en 92 personas por kilómetro cuadrado, por debajo de la media de la UE, de 177 personas, por no hablar de Alemania, que es de 233. Para comprender la dimensión del reto: en Castilla y León la densidad cae hasta 26,1 personas, una comunidad que, desde 1998, el 88% de sus poblaciones han perdido habitantes, igual que Asturias, Extremadura, Aragón o Galicia. Es cierto que la democracia construyó una estructura territorial con servicios, infraestructuras y calidad de vida similares en todas las comunidades, que el «provincianismo» que se achacaba a las ciudades que estaban lejos de los centros políticos, administrativos, financieros e industriales ha desaparecido por un sistema de vida globalizado. Pero también es cierto que precisamente la globalización y el libre comercio en la UE ha eliminado cualquier rastro de proteccionismo hacia sectores especialmente sensibles como el agrario y sus derivados con las consecuencias ya sabidas. Los políticos deben introducir este debate en su agenda, pero no sólo en la campaña electoral, como ha hecho Cs de manera superficial, prometiendo una bajada del 60% en el IRPF para habitantes de zonas despobladas. El verdadero debate territorial no es el que imponen los independentistas en Cataluña, sino el del desequilibrio demográfico, el de la España vacía.