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Los sindicatos contra la libertad

Tiempo de lectura 4 min.

15 de abril de 2018. 22:38h

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15/4/2018

La manifestación convocada por la plataforma «Espai Democràcia i Convivència» discurrió ayer en Barcelona conforme a los planes secesionistas. Nunca fue una marcha por la concordia o la necesidad de tender puentes, sino una movilización en defensa de los golpistas y, sobre todo, contra la democracia española presentándola como un Estado opresor. El del entendimiento fue el mensaje de las direcciones de UGT y CCOO para justificar su presencia en una iniciativa al servicio de un proyecto de ruptura del orden constitucional. Y, sin duda, las escenas barcelonesas confirmaron de punta a cabo que los allí reunidos no pretendían otra cosa que continuar la estrategia de desestabilización sin respeto alguno a la Ley. Nada podíamos esperar de quienes se han significado en organizaciones como Junts per Catalunya, PDeCAT, ERC, CUP, Òmnium y ANC por ser los promotores de un atentado contra la libertad como no ha habido en la reciente historia de Europa; tampoco de los Podemos catalanes de Colau y Domènech, que han hecho de su verbo antisistema una forma de activismo contra España, pero sí de siglas como UGT y Comisiones Obreras, a los que entendíamos como actores comprometidos y protagonistas –en decadencia, eso sí– de la vida nacional. La de ayer fue una presencia vergonzante y vergonzosa –escondieron sus banderas y pancartas–, tanto como el respaldo que los líderes nacionales, Unai Sordo y Josep Lluís Álvarez a prestar siglas plurales al servicio de una causa que no lo es; en definitiva, una toma de partido a favor del independentismo. Peor todavía fue escuchar a los cabecillas catalanes de las organizaciones sindicales, que asumieron como propia toda la corrosiva chatarra propagandística del separatismo. Que Camil Ros, de UGT, y Javier Pacheco, de Comisiones Obreras, aseguraran que «no es el momento» de juicios y detenciones, y sí de rechazar «elementos de represión e involución democrática», debería ser más que suficiente para que cogieran la puerta de salida de sus respectivas organizaciones, pues nadie que no comparta principios tan básicos como el del imperio de la Ley y el respeto a la independencia judicial puede estar en puestos de ese rango. Que además aseguraran que urge formar un Govern que haga frente a la agenda política y social fue una provocación al tiempo que una desfachatez. El silencio de estas centrales en los últimos años de desgobierno separatista, de recesión y de recortes resultó escandaloso. Los separatistas aprovecharon bien la presencia sindical en la manifestación para explotar el concepto de transversalidad y difuminar su naturaleza supremacista y sectaria. Todos los portavoces insistieron en ese mensaje que resumieron en que los «problemas políticos deben tener una respuesta política». Quedó claro ayer que las cúpulas de UGT y Comisiones Obreras en Cataluña no representan hoy el constitucionalismo, sino el colaboracionismo bien regado por el favor separatista. La responsabilidad contraída por Ros, Pacheco, Sordo, Álvarez y todos los cuadros sindicales que no alzaron la voz fue imperdonable por su deslealtad con los trabajadores al formar piña con los dirigentes de un régimen que contribuyó como pocos al empobrecimiento de una sociedad, al deterioro de las condiciones de vida y al envilecimiento de las relaciones personales. Por lo demás, la marcha barcelonesa fue otro capítulo de la monumental farsa independentista contra la democracia española. Hablaron de opresión y represión en uno de los 19 estados considerados democracias plenas en el mundo. Y si faltaba alguna prueba, ahí quedan las imágenes de los manifestantes festivos y sonrientes. Afortunadamente, también para ellos, España es un país libre y garantista y su tribunales independientes.

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